Por Francisco ALEJANDRE
El nuevo programa “Cuenta de Ahorros para la Educación de Nevada” enfrenta su segundo desafío legal, esta vez de parte de siete padres de familia que manifestaron recientemente que la ley va a socavar los recursos financieros de escuelas públicas y beneficiaría de manera desproporcionada a las familias más ricas.
El grupo de padres de Reno y Las Vegas presentó su demanda el miércoles 9 en la Corte de la Primera Circunscripción Judicial, en Carson City. El ex senador estatal demócrata de Nevada Justin Jones y Sylvia Lazos del grupo “Educar a Nevada Ahora” también están involucrados en la querella.
“La Constitución de Nevada es muy clara respecto a que el financiamiento proporcional para nuestras escuelas públicas sólo se puede utilizar para operar esas escuelas, y no para ningún otro propósito”, dijo Justin Jones en un comunicado enviado a la Prensa Asociada. “La ley de vales, utilizando recursos de las escuelas públicas para pagar la matrícula de una escuela privada y otros servicios privados, viola flagrantemente el mandato explícito consagrado en nuestra constitución estatal.”
“Nosotros creemos que “Nevada Education Savings Accounts” es un programa de bonos, porque -en esencia- el gobierno está pagando para que otro proveedor de servicio tenga el beneficio que un ciudadano debe tener. Específicamente, el gobierno estatal expresa que el dinero en las arcas debe ser controlado por el tesorero”, manifestó la también profesora de leyes Sylvia Lazos en charla con El Mundo sobre el asunto.
El programa permite acceder hasta 5,700 dólares, si tiene ingresos bajos, o bien, 5,100 dólares si tiene ingresos medios. Para niños con educación especial, el monto máximo es de 5,700 dólares. “Este dinero se utilizaría para pagar, parcial o totalmente, la cuota requerida por una escuela privada, o en los casos de padres de familia que impartan educación en el hogar, para adquirir materiales y artículos relacionados con la enseñanza de sus hijos”, agregó.
“Nevada Education Savings Accounts” es un programa nuevo, de hecho en Arizona se implementó algo similar dirigido a niños con necesidades especiales, ya que es muy difícil encontrar, en un sistema público o privado, un tipo de aprendizaje que realmente llegue a sus necesidades. “Pero en Nevada es universal porque cualquier persona, ya sea que viva en zonas afluentes, o en los barrios pobres de la ciudad, puede solicitar los recursos”, detalló.
“Lo que nosotros estamos diciendo con la demanda es que, considerando la constitución de Nevada, emitida en 1865, cuando las condiciones económicas de la era giraban en torno a la minería y no había escuelas para la gente común, solamente la gente con mucho dinero contrataba tutores para educar a sus hijos”, reveló sobre la historia del estado y las condiciones que han ido cambiando con el paso de los años.
La constitución expresa que la legislatura debe proveer los fondos necesarios para financiar un sistema de escuelas comunes, dentro de un sistema educativo uniforme, “en otras palabras, esto quiere decir que el dinero público debe ser destinado para financiar a las escuelas públicas, no a las escuelas privadas, que generalmente no se sujetan a los reglamentos de contabilidad o de evaluación, que imperan en las escuelas públicas”, destacó.
Entre las diferencias sustanciales que destacan, en términos de desarrollo académico, entre las escuelas públicas y privadas, opinó que “es una pregunta clave porque no tenemos una forma clara de estimar o de definir quién tiene cierto tipo de rendimiento, debido a que en la escuela privada se hace un contrato individual entre el padre y la institución educativa, que además no tiene la obligación de hacer sus resultados públicos o siquiera, darlos a conocer a los padres”. Es como elegir en un mercado de opciones la mejor alternativa.
Lo que se pretende con la demanda es impedir que se utilicen recursos públicos para instituciones de educación privada, no uniforme, lo que es en evidencia inconstitucional.
Respecto a las escuelas privadas orientadas con un abierto sentido religioso, externó Lazos que “en 1910 se hizo una enmienda a la constitución del estado para dejar bien claro que ningún dinero público debe ir a escuelas religiosas”.
Educate Nevada Now es una campaña de la Fundación Rogers y se involucraron en la demanda ya que han desarrollado labor comunitaria y escucharon a padres de familia que exteriorizaron que no era correcto que el programa “Nevada Education Savings Accounts” se implementara en el sistema de educación pública del estado. En general, la campaña va dirigida a que todos los ciudadanos de Nevada puedan tener acceso a la educación, sin importar su condición económica, creencias religiosas o estatus social.
“Todos debemos tener la oportunidad de llevar a nuestros niños a un sistema escolar que les permita tener éxito”, acotó.
Entre otras cosas la demanda pide a las Cortes que declare al programa inconstitucional, que no sea vigente. Pero también piden que las cláusulas de educación sean claras y vigorosas, en términos de la obligación del gobierno de proveer una educación vibrante y factible para todos los niños en Nevada.
A los padres de familia, la profesora Sylvia Lazos les pide que se informen de las opciones que tienen en la actualidad para inscribir a sus hijos y que conozcan los niveles académicos de las escuelas.
Los legisladores de Nevada aprobaron una ley para la creación de cuentas de ahorro para la educación, que permiten a los padres requerir alrededor de 5 mil dólares para la educación pública de sus hijos y lo utilicen en una escuela privada o para otros gastos de educación calificados. La oficina del tesorero del estado ha recibido más de 3 mil solicitudes hasta la fecha y está trabajando hacia el desarrollo de un sistema en línea para administrar el programa, no se espera que los pagos se distribuyan antes de abril.
