NUEVA YORK (AP) — Las posibilidades de que el activista chileno Víctor Toro sea deportado de Estados Unidos se redujeron considerablemente cuando un juez garantizó el miércoles el avance de su caso de petición de asilo y fijó otra fecha en la corte de inmigración para dentro de un año.
El caso del ex guerrillero, uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, ha dado un importante giro en los últimos meses, cuando una junta de apelaciones revocó la decisión de una corte migratoria negándole el asilo en 2011.
El inmigrante, quien se exilió de su país a finales de la década de 1970 tras sufrir torturas bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), asegura que su vida podría correr peligro si regresa a Chile, donde teme reencontrarse con sus torturadores y donde asegura aún hay violaciones de los derechos humanos. Dice que tiene además demasiados lazos con Estados Unidos, donde viven su esposa, su hija y su nieta.
El juez Philip Morace decidió el miércoles que el 29 de abril de 2014 será la próxima comparecencia judicial, lo que deja a Toro en situación de inmigrante sin papeles que no puede ser deportado de momento debido a su caso pendiente.
"Indudablemente que, desde el punto de vista legal, hemos avanzado enormemente", dijo Toro a The Associated Press después de su breve comparecencia en la corte de inmigración, en el centro de Manhattan.
"Nosotros hemos logrado poner, como organización en defensa de los derechos de los inmigrantes, el tema de los indocumentados como un tema político nacional. El caso mío va paralelo va a la búsqueda de una solución para los 12 millones de inmigrantes indocumentados en este país. No es casual", agregó Toro.
El chileno cruzó ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos en 1984. Se estableció en el sur del Bronx, donde se dedicó a ayudar a inmigrantes y familias con pocos recursos, convirtiéndose en un popular activista que adoptó la lucha de los trabajadores como su nueva causa.
Toro nunca solicitó la residencia legal y fue arrestado en 2007 en un tren en Rochester, Nueva York, tras haber participado en una manifestación a favor de los derechos de los inmigrantes. Cuando los policías de inmigración le pidieron su documentación, Toro les entregó un pasaporte chileno caducado.
Desde entonces, batalla su caso en la cortes de inmigración, que denegaron su petición de asilo en marzo de 2011.
Para que una solicitud de asilo tenga éxito, según la ley estadounidense, debe someterse a consideración de las autoridades dentro del año de salida del país de origen, salvo contadas excepciones. La ley se aprobó en 1996 así que Toro debería haber solicitado asilo en el plazo de un año desde la fecha en que se aprobó la ley.
A pesar de eso, Toro apeló y la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, en inglés) decidió en diciembre del 2012 a su favor porque sus abogados argumentaron que el chileno no pidió asilo a tiempo debido a que sufría estrés post-traumático.
Después de la cita migratoria del año que viene se iniciará un juicio con testigos para determinar si Toro merece el asilo, dijo su abogada, Alizabeth Newman.
"Creo que la situación (de Toro) ha mejorado bastante con la decisión de la corte de apelación que, obviamente, abrió las puertas, específicamente para la situación de Víctor, pero también si el Congreso aprueba una reforma migratoria habrán más posibilidades todavía", dijo Newman. "No estamos planeando que Víctor se vaya a ninguna parte", agregó.
El chileno recibió el apoyo el miércoles de una docena de amigos que abarrotaron la sala de la corte. Varios franceses se encontraban allí además de las hermanas mexicanas indígenas Hortensia y Elvira Colorado, que colaboran con La Peña, la organización que Toro fundó en el sur del Bronx para ayudar a su comunidad.
El Chile que dejó Toro a finales de la década de 1970 es muy distinto al actual. Si llegara a ser deportado, regresaría a un país que en los últimos 21 años ha sido democrático, dirigido por el primer gobierno derechista electo popularmente, luego de que Michelle Bachelet, una mujer socialista, fuera la máxima autoridad constitucional.
Toro, sin embargo, no piensa igual.
"Hoy sería un crimen una deportación a Chile porque los civiles, los poderosos, los grandes comerciantes y agricultores, que dieron el golpe militar con Pinochet hoy son el gobierno en Chile", dijo Toro el miércoles. "Las fuerzas armadas en Chile son pinochetistas, la Corte Suprema es pinochetista y la mitad del Parlamento es pinochetista".
Newman dijo que primero pedirá asilo político para Toro y si éste no es garantizado, solicitará asilo humanitario. Si el gobierno tampoco lo concede, Toro pedirá la cancelación de su deportación.
