Proveedores y defensores del aborto presentaron un informe e ante el Tribunal Supremo de Florida (EE.UU.) en el que piden que acepte su impugnación a la ley que prohíbe la interrupción del embarazo después de las 15 semanas de gestación, ante el "devastador daño" que esta normativa está causando.
Se está produciendo "un daño devastador cada día que pasa y la gente está perdiendo su capacidad de ejercer el control sobre sus propias decisiones sobre salud, su familia y planear su futuro", dijo hoy en una rueda de prensa telemática Whitney White, responsable de Proyecto Libertad Reproductiva, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
White fue una de las participantes en esta rueda de prensa en la que varios proveedores de servicios de salud reproductiva expusieron su opinión sobre el escrito presentado al Supremo de Florida, además de alertar sobre la "clara inconstitucionalidad de esta ley", su "crueldad" y cómo "atenta contra los derechos privados" de los floridanos.
La apelación al Supremo va acompañada de una moción que pide el bloqueo de esta polémica ley estatal en vigor desde el pasado 1 de julio y que prohíbe el aborto después de las quince semanas de embarazo, salvo excepciones como que la vida de la madre esté en peligro si no se efectúa el procedimiento.
Kelly Flynn, directora ejecutiva de las clínicas A Woman's Choice, y Stephanie Loraine Piñero, directora de Florida Access Network, coincidieron en señalar, al igual que White, que el "impacto está siendo devastador", con centenares de mujeres que se acercan a sus centros en busca de ayuda económica y logística para poder viajar a estados donde puedan abortar.
Flynn se refirió al caso de dos chicas cuyo embarazo afectaba a su futuro y educación, una de ellas con una gestación de solo unos días pasada la quincena y otra sin posibilidad de "dar soporte" a otro hijo, en un intento de escapar de la pobreza.
Estos centros se ven inundados de pacientes que buscan una solución a su situación, pero "la criminalización del aborto (...) y la amenaza de persecución y cárcel a los médicos que lo practiquen" les hace imposible prestar estos servicios.
Esta ley "no es una cuestión sobre la dignidad, sino sobre el control del cuerpo de las mujeres de Florida", aseveró Flynn, para insistir en el alto número de mujeres que les solicitan ayuda: "Es triste decir a los pacientes que solo les queda la opción de viajar a otros estados" para acceder a estos servicios y poder abortar.
Robyn Schickler, directora médica de las clínicas Planned Parenthood del suroeste y centro de Florida, dijo que desde el pasado 1 de julio sus centros "no pueden proveer este servicio de salud" y detalló algunas de las razones por las que mujeres solicitan la interrupción de su embarazo.
Una de las principales razones que alegan las pacientes, "especialmente las más jóvenes, es el "miedo", miedo a decirle a sus padres que están embarazadas: "No se atreven a decírselo y cuando se lo dicen, ya han cumplido a lo mejor 19 semanas de embarazo", explica Schickler.
Otras desconocían que estaban embarazadas hasta pasadas las 15 semanas de gestación o presentan un embarazo problemático. A la postre, estas mujeres no tienen otra opción que la de viajar a otro estado de EE.UU, ya que "un médico que practique el aborto en este estado comete un delito de cárcel".
La apelación a la Corte Suprema de Florida se produce después de que instancias inferiores cerraran repetidamente vías legales para bloquear la ley HB5, "a pesar de la flagrante violación de la prohibición de un derecho en el que los floridanos han confiado durante décadas" y que la Corte Suprema del estado "ha afirmado repetidamente", apuntó White.
Desde la sentencia del Supremo federal de junio pasado, son los diferentes estados que componen el país los que deben decidir sobre el espinoso asunto del aborto. Miami (EFE)
