Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de servicios reproductivos de EE.UU., denunció el hostigamiento que están sufriendo por parte de políticos y activistas antiaborto para diezmar el acceso a la atención sexual y de reproducción en el país, tras una demanda presentada contra la organización en Texas.
La presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill, recordó en una llamada con periodistas que su grupo solicitó el viernes pasado a un tribunal que desestimara una demanda presentada por el estado de Texas y un denunciante anónimo que les exige mil 800 millones de dólares por subsidios sanitarios que la organización recibió en 2017.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, asegura que Planned Parenthood perdió el derecho a recibir reembolsos de Medicaid en 2017 y que, por ende, debe devolver todo el dinero que ha recibido por parte del gobierno desde entonces.
McGill detalló que el estado de Texas y el denunciante anónimo “están denunciando a tres afiliadas de Planned Parenthood en Texas y a la Federación Planned Parenthood de EE.UU. por mil 800 millones de dólares, alegando que las afiliadas defraudaron al sistema Medicaid del estado por obtener reembolsos por anticonceptivos y otros servicios básicos de salud”.
En ese sentido, McGill sostuvo:”Déjenme dejar una cosa bien clara, Planned Parenthood no cometió ningún fraude contra Medicaid y ha seguido la ley, punto”.
Afirmó que las acusaciones en este caso son “falsas” y “sin mérito”.
La activista lamentó que con esta demanda tanto el denunciante anónimo como el estado de Texas les estén forzando a dedicar tiempo y recursos a defenderse de las “mentiras” con el “propósito siniestro” de arrebatar a la gente el acceso a servicios reproductivos.
McGill agregó que este caso no es un “ataque aislado”, sino que forma parte de un “esfuerzo coordinado” por parte de activistas antiaborto y políticos para hacer todo lo que pueden para socavar la atención reproductiva.
La batalla legal entre Planned Parenthood y el estado de Texas por los reembolsos de Medicaid se remonta a 2016, cuando el estado sureño emprendió una campaña para evitar que Planned Parenthood fuera un proveedor médico accesible por medio de la sanidad pública.
Un video manipulado y que ya ha sido señalado como información falsa, en el que se insinuaba que las personas que practicaban abortos en los centros de la salud de la organización vendían tejido fetal, fue la chispa que desató la controversia.
El dinero de los reembolsos de Medicaid que el estado de Texas está pidiendo a la organización en la demanda, que incluye millones de dólares en distintas tasas y penalidades, no corresponde a servicios de aborto, que no pueden realizarse con fondos gubernamentales.
El aborto en la mayoría de los casos está prohibido en Texas, uno de los estados del país con una de las legislaciones más restrictivas respecto a este procedimiento. Washington (EFE)
