El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda judicial contra el Gobierno federal a quien acusa de actuar de forma arbitraria al suspender por 100 días las deportaciones de inmigrantes sin consultar previamente al estado.
“La acción [del gobierno] viola la constitución, las leyes migratorias federales y el convenio contractual entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)”, señala la demanda ante el Tribunal de Distrito del Sur de Texas.
Paxton, que lideró e impulsó una petición para que el Tribunal Supremo de EEUU impidiera la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden en las elecciones generales, ahora exige la anulación de la moratoria impuesta.
El fiscal general tilda la acción de DHS de “caprichosa” y “mal intencionada” al “no considerar ni analizar los costos que esa acción generará” para el estado de Texas, el que más kilómetros de frontera tiene con México.
En un comunicado en el que da a conocer la primera demanda de republicanos contra la decisión de Biden, Paxton indica que la administración Biden ordenó al DHS que "violara la ley federal de inmigración y violara un acuerdo para consultar y cooperar con Texas sobre esa ley".
El fiscal general del estado fronterizo indicó que la "ilegal y peligrosa" decisión del Gobierno federal será revertida por el juez y así prevalecerá el "estado de derecho y la seguridad de nuestros ciudadanos”.
“Nuestro convenio obliga a DHS a consultarnos ante cualquier intento de reducir o poner cualquier intervalo al número de inmigrantes aptos para su deportación del territorio estadounidense”, remarcó Paxton en otra misiva dirigida a David Pekoske, secretario interino del DHS, fechada este jueves.
El fiscal general exigía la anulación de la pausa a las deportaciones que entró en vigor hoy, 22 de enero, así como de una respuesta inmediata a sus peticiones sobre la violación del acuerdo entre ambas instituciones.
Paxton defendió hoy su posición en un programa matutino de la cadena Fox al señalar que la orden ejecutiva del presidente Joe Biden es ilegal porque le corresponde al poder legislativo y no al ejecutivo tomar esas decisiones.
“Esa decisión unilateral afecta a los poblados que se encuentran en la frontera con México que además están pasando por una emergencia de salud debido a la pandemia por el coronavirus”, señaló Paxton.
La pausa por 100 días de las deportaciones es una de varias medidas migratorias aprobada por Biden dentro del paquete de órdenes ejecutivas que ha firmado tras instalarse en la Casa Blanca.
Rolando Sánchez, fundador de la organización Latino Conservadores de Texas, que busca aumentar la participación política de los latinos conservadores en el ese estado, cree que la acción tomada por Paxton obedece a una movida política “típica del partido opositor” al gobierno de turno.
“Lo que pasa es también que cualquier cambio en los procedimientos migratorios" le afecta a los estados fronterizos como Texas, Arizona, California y Nuevo México, dijo.
El representante estatal Rafael Anchía (demócrata) lamentó la decisión de Paxton, del que criticó su "grandilocuencia política" y un "lenguaje incendiario" que está conectado, dijo, con el asalto al Capitolio federal el 6 de enero y el atentado de agosto de 2019 en El Paso, donde murieron .
Por contra, alabó la moratoria de las deportaciones mientras el Congreso trabaja en la propuesta de reforma migratoria de Biden y permitirá al Gobierno, en su opinión, centrarse en las amenazas a la "seguridad nacional en lugar de deportar a los trabajadores inmigrantes esenciales que contribuyen poderosamente a los Estados Unidos". Texas (EFE)
