México es un país que siempre ha estado intranquilo e inquieto con su pasado. Por eso es válido, legítimo y necesario investigar a los expresidentes mexicanos.
No se nos pueden olvidar los fraudes, los abusos de poder, los actos de corrupción ni las partidas secretas de los últimos sexenios. Ese deseo de saber qué paso -y quizás hacer justicia- quedó demostrado con las más de dos millones de firmas que aparentemente se juntaron para pedir una consulta popular sobre los exmandatarios.
Claro que hay que investigar. Ningún expresidente debe tener impunidad. Pero debemos saber por adelantado en lo que nos estamos metiendo. Este es un proceso muy largo y doloroso. Tomará años. Y sin la menor duda va a distraer de asuntos fundamentales, como las terribles consecuencias de la pandemia y el creciente número de crímenes violentos. Imagínense, por ejemplo, el día que llamaran a testificar a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto. El país se pararía.
Más que juicios individuales lo que necesitamos en México es una comisión de la verdad. Y si de ahí surgen acusaciones concretas sobre crímenes y violaciones específicas, entonces después se puede seguir un proceso penal. Pero lo más importante es saber qué pasó.
En México tenemos extraordinarios académicos e historiadores de absoluta independencia que podrían recuperar el material necesario y realizar las investigaciones. Además se requiere de una figura de reputación irreprochable, aceptado por todos los partidos políticos, para estar al frente de este gigantesco y polémico esfuerzo.
Los países que se han lanzado en la complicadísima aventura de revisar su pasado reciente con comisiones de la verdad -como Chile, Argentina, El Salvador y Sudáfrica- han salido con democracias más fortalecidas y han promovido un proceso de reconciliación. Incluso en Chile, por ejemplo, le llamaron Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Pero eso es lo que yo no veo en México. No veo ningún interés de reconciliación. Más bien lo que percibo es un deseo de revancha. Basta ver una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer las cuentas pendientes que tiene con los expresidentes Calderón y Peña Nieto, a quienes ha responsabilizado de la actual situación de violencia en el país y a quienes ha acusado de supuestos fraudes que le evitaron llegar al poder en el 2006 y 2012.
Hay mucho que investigar, denunciar y asimilar.
Ya sea que se realice una consulta popular o que se cree una comisión de la verdad, yo sí quiero saber qué pasó con el mayúsculo fraude electoral de 1988 y cual fue el papel de Manuel Bartlett, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Luego que se cayera el sistema, Carlos Salinas de Gortari fue declarado ganador pero su contrincante, Cuauhtémoc Cárdenas, declararía: “Estamos convencidos que hubo fraude el 99 por ciento de los mexicanos”.
Yo quiero saber cómo se utilizaron los 854 millones de dólares de la llamada “partida secreta” del presupuesto durante el sexenio de Salinas de Gortari. “En todo los gobiernos en todo el mundo existen fondos confidenciales que se utilizan para tareas de responsabilidad del estado”, me dijo el expresidente en una entrevista en el 2000. Creo que en este 2020 ya se debe revelar ese secreto.
Yo quiero saber cómo Ernesto Zedillo llega a la candidatura del PRI -y luego a la presidencia- tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. “Usted mejor vaya y pregúntele al PRI”, me dijo Zedillo molesto en una entrevista (en 1996) cuando lo cuestioné sobre el doble dedazo de Salinas. Bueno, ahora le tocaría contestar a él.
Quisiera saber qué pasó con la idea de una “Comisión Nacional de Transparencia” -para investigar a expresidentes- que me mencionó Vicente Fox poco después de ganar la presidencia en el 2000. ¿Qué la detuvo?
Quisiera saber “cómo el crimen organizado se estaba apoderando de pueblos y ciudades enteras”, como escribe el expresidente Calderón en su libro Decisiones Difíciles. Cómo se pasó “del narcotráfico al narcotráfico más menudeo” y cómo se tomó la controversial decisión de declararle la guerra al narco.
Quiero que interroguen al expresidente Peña Nieto sobre la compra de la “Casa Blanca”, sobre los sobornos de Odebrecht a funcionarios de su gobierno, sobre la censura a la periodista Carmen Aristegui y sobre su responsabilidad por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Con tantas preguntas, no hay por qué dejarlo estar tan cómodo en Madrid o donde quiera que esté.
Quiero, como muchos mexicanos, que los expresidentes den la cara. Eso es todo. Y que si cometieron un crimen o un fraude, que paguen o vayan a la cárcel, como cualquier otro ciudadano.
México será un mejor país cuando tengamos la certeza de que un expresidente puede ser tratado por la justicia exactamente igual que uno de sus gobernados. Se puede y se debe dar el primer paso creando una comisión de la verdad y la memoria. Ya estamos advertidos: este es un pozo sin fondo y habrá durísimos coletazos de los dinosaurios que se creían intocables hasta hace poco. Pero en México se tiene que decir la verdad. Ya es hora.
