Para la hondureña Betty Mejía los presidentes Joe Biden y Donald Trump son lo mismo. Los dos la han deportado. En el último año ella ha tratado de cruzar ilegalmente cinco veces de México a Estados Unidos.
Y las cinco veces ha sido detenida y deportada a México, junto con su hijo y su hija. Para ella y muchos otros inmigrantes, nada ha cambiado en la frontera.
“En junio (del 2020, cuando Trump todavía era presidente) me tiré tres veces porque me decían que sí están pasando, y yo entraba y nada”, le dijo Mejía a Univision en Roma, Texas, poco después de intentar el cruce ilegal por sexta vez. “Hace dos meses (ya con Biden en la Casa Blanca) volví a intentarlo y nada. Hace un mes volví a intentarlo e igual me deportan y no me dan entrada”. En un video aparece su hija pequeña con un pie enlodado y sin un zapato, que perdió en el peligroso cruce por balsa por el río Grande.
Una de las más injustas y arbitrarias políticas de deportación que existieron durante el gobierno de Trump sigue hoy presente en la frontera sur: el llamado “Título 42”. Esa orden, invocada por Trump por la reciente pandemia, le permite a los agentes fronterizos expulsar inmediatamente a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. El Departamento de Seguridad Interna ha expulsado a casi 550 mil migrantes en el último año fiscal, según reportó The New York Times. Pero ya es hora que el presidente Biden termine con la herencia de Trump en la frontera.
En Estados Unidos más de 165 millones de personas -o el 62 por ciento de la población adulta- han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19. Y el objetivo del presidente Biden es llegar al 70 por ciento de los adultos para el 4 de julio. Por lo tanto, ya no existe la emergencia sanitaria que dio lugar a las extremistas políticas de deportación impuestas por Trump.
Hay que eliminar inmediatamente el Título 42 y normalizar el paso por la frontera entre México y Estados Unidos. Y si Estados Unidos dona millones de vacunas a las comunidades fronterizas en México, la apertura total de la frontera entre los dos países podría lograrse en poco tiempo.
Si la política de Trump hacia los inmigrantes se definió por su crueldad, el presidente Biden tiene la obligación moral de, por lo menos, escuchar las peticiones de inmigrantes como Betty Mejía. Su plan de inversión de cuatro mil millones de dólares en Centroamérica, para atacar el origen de la migración hacia el norte, tomará muchos años en dar resultados. Lo que urge es un sistema humanitario que pueda atender a quienes están huyendo de la pobreza extrema, de la violencia y de las pandillas. Esa es la responsabilidad de Estados Unidos como superpotencia y cómo el líder económico indiscutible del continente americano. Y esa es, después de todo, la promesa escrita en la Estatua de la Libertad.
Otra cosa que urge es legalizar a millones de indocumentados, algunos de los cuales llevan décadas viviendo en Estados Unidos.
Esta es una promesa pendiente desde la amnistía otorgada por Ronald Reagan en 1986. Y la excusa es la de siempre. Los republicanos no quieren considerar ninguna propuesta de legalización a menos que se asegure la frontera con México. Pero eso es prácticamente imposible con una línea divisoria de 1954 millas y donde el pasado mes de abril la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 178 mil personas en su intento de entrar ilegalmente al país. Esa frontera por naturaleza y por historia es porosa.
Cuando le preguntaron recientemente al senador demócrata, Dick Durbin, por qué no había progreso con los Republicanos en sus negociaciones sobre inmigración, dijo sencillamente: “La frontera sur”. Y eso no va a cambiar. Es muy posible que los republicanos retomen el tema de la frontera -y la llegada de miles de refugiados y niños solos- para tratar de recuperar el control del congreso en las elecciones del 2022. Así que el presidente Biden y los demócratas tienen una opción para cambiar las leyes migratorias: lo hacen solos o no va a pasar nada.
No dudo de las buenas intenciones del presidente Biden. Estoy convencido que si el congreso le enviara una reforma migratoria para legalizar a 10 millones de personas, la firmaría inmediatamente. Pero el tiempo no está de su lado. Esperar es peligroso y ya hay dos precedentes.
George W. Bush alargó sus conversaciones migratorias con el presidente mexicano Vicente Fox y el inesperado 9/11 destruyó cualquier posibilidad de un acuerdo. Y el presidente Barack Obama no presentó su propuesta de reforma migratoria en el 2009, cuando controlaba ambas cámaras del congreso y enfrentaba una grave crisis financiera, y luego ya nunca tuvo los votos necesarios para aprobarla. El presidente Biden no debe correr ese riesgo y tiene que apurarse.
Para demostrar su interés en el tema, el presidente se reunió hace poco en la Casa Blanca con seis Dreamers. La reunión en sí misma fue extraordinaria. Se trata de jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos, con sus papás, y que están protegidos de una deportación gracias al programa conocido como DACA. Una reunión así en la era de Trump hubiera sido impensable.
“Estados Unidos es mi hogar”, me dijo María Praeli, quien tiene 28 años, llegó de Perú a los cinco años, y participó en la reunión con Biden. “Es muy difícil sentirme tan americana, tener tantas memorias en este país y no saber si mi futuro va a estar aquí. Ojalá este sea el año que algo pase”.
Karen Reyes, quien nació en México y llegó a Estados Unidos a los dos años de edad, también estuvo en el encuentro presidencial. “El presidente dijo que esto es muy importante para él pero ahora necesitamos acción”, me comentó.
Acción es lo que falta. Y sentido de urgencia.
Una de las primeras cosas que hizo Biden como presidente fue enviar su propuesta migratoria para legalizar a 10 millones al congreso. La mayoría de los estadounidenses apoya un camino a la ciudadanía para los indocumentados, según una encuesta de Quinnipiac. Pero esa propuesta y varias más están atoradas en el capitolio.
La única salida es ponerle fin a la práctica conocida en inglés como filibuster (que requiere 60 votos en el Senado) o aprobar legislaciones muy concretas para beneficiar a los Dreamers y a trabajadores del campo a través de una maniobra presupuestal llamada “reconciliación”. Ambas opciones son agresivas y generarían una enorme oposición de los republicanos. Pero ya es hora de tomar decisiones radicales para proteger la vida de millones de inmigrantes como María y Karen.
Presidente Biden, el tiempo se acaba. No espere más. Por favor, no cometamos el mismo error otra vez.
