Por José LÓPEZ ZAMORANO
Unánime y fulminante fue la reacción de rechazo de las principales organizaciones de defensa de los latinos en Estados Unidos, a la decisión de la administración de Donald Trump de elevar las tarifas por servicios migratorios a partir del 2 de octubre, incluido un aumento de 81% a las naturalizaciones y por primera vez una tarifa de 50 dólares para la persona que solicita asilo en el país.
La organización UnidosUS lo calificó como el “más reciente ataque” de la administración Trump contra la comunidad inmigrante, mientras que NALEO alertó que las tarifas afectarán especialmente a más de 4 millones de residentes latinos que ya son elegibles para la ciudadanía estadounidense
USCIS, una agencia federal que depende en un 97% de las tarifas que cobra a sus usuarios, justificó los incremento bajo el argumento de que requiere cobrar tarifas que le permitan recuperar los costos de sus servicios. Sostuvo que de no hacerlo se abriría un agujero financiero de mil millones de dólares por año.
En mayo la agencia había solicitado al Congreso un presupuesto de emergencia de 1.2 mil millones o que tendría que poner en licencia a 13 mil trabajadores. La semana pasada USCIS aceptó posponer las licencias hasta finales de agosto, un compás de espera para que actúe el Congreso, donde republicanos y demócratas siguen estancados en ese y otros asuntos urgentes, incluido el nuevo paquete de rescate económico por el Covid-19.
Existen muchos argumentos en contra de un aumento de tarifas en este momento. Pero hay uno moralmente poderoso, y tiene que ver con el papel vital que juegan y jugarán los inmigrantes en la salud inmediata y la prosperidad de largo plazo de la nación:
Un reciente estudio del Centro de Estudios Migratorios (CMS) muestra que 19.8 millones de inmigrantes, una gran proporción de ellos hispanos, trabajan en infraestructura crítica esencial, como salud, manufactura, servicios, alimentos, seguridad entre otras categorías. De ese total, alrededor de la mitad, 9.6 millones, son nacidos en el extranjero, 4.6 millones son residentes legales permanente 5.5 millones son indocumentados.
Más aun: los estadounidenses naturalizados representan en el 67% de los trabajadores en el sector de salud, incluyendo un 74% que trabajan en hospitales y en oficinas médicas. Los inmigrantes indocumentados, la mayoría latinos, constituyen a su vez el 54% de la mano de obra extranjera en la agricultura y las granjas, 50% en la construcción y el 40% en las industrias de desinfección.
Es decir, el estudio confirma con cifras irrebatibles lo que ya sabíamos: que los inmigrantes –así sean ciudadanos naturalizados, Residentes Legales Permanentes o indocumentados- son vitales para nuestro futuro y arriesgan todos los días sus vidas en las trincheras del frente de batalla contra la pandemia. Lo lógico es agradecerles, no complicarles su futuro.
Tiempos extraordinarios reclaman acciones extraordinarias. El Congreso debe tomar cartas en el asunto y proveer los fondos suficientes para la operación de USCIS y éste debería reconsiderar los aumentos a sus tarifas. Pero, en cualquier caso, todas las personas elegibles deben hacer un esfuerzo y acelerar sus trámites migratorios antes del 2 de octubre.
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