Por José López ZAMORANO
Más de 4 millones de migrantes de bajos ingresos podrían haber visto seriamente entorpecidos sus esfuerzos para obtener su “Green Card” o Tarjeta de Residencia Legal Permanente por el simple hecho de haber recibido beneficios esenciales como cupones de alimentos, subsidios de vivienda o atención médica a través del programa federal de Medicaid.
Afortunadamente tres jueces emitieron una ordenanza preliminar para bloquear la entrada en vigor de la temible Regla de la Carga Pública, una de las más recientes iniciativas de la administración del presidente Donald Trump en sus acciones para marginar y atemorizar a los migrantes pobres y comunidades vulnerables.
Los magistrados de tribunales en Washington State, Nueva York y California tomaron la decisión de ponerle freno a la entrada en vigor de la nueva regla, pero se trata de una medida provisional. En caso de que un tribunal superior revierta el fallo de los magistrados, la regla aún podría entrar en vigor en cualquier momento.
En los dos primeros casos, los jueces aplicaron la prohibición con carácter nacional. En el caso del juez en San Francisco, California, la regla de la carga pública trascendió, no podrá entrar en vigor en la zona de jurisdicción del Noveno Circuito, que incluye Alaska, Arizona, California, Guam, Hawái, Idaho, Montana, Nevada y el estado de Washington.
Se trata de un nuevo revés judicial contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y un claro recordaría que ni el presidente de los Estados Unidos tiene el derecho de cambiar los estatutos de manera unilateral y caprichosa cuando sus decisiones afectan el bienestar, la vida diaria y el futuro de millones de miembros de la sociedad.
Los dictámenes de los magistrados son además absolutamente oportunos porque activistas han empezado a advertir que muchos migrantes, ante la disyuntiva de cerrarse la puerta a la residencia legal o dejar de usar beneficios públicos, han lamentablemente optado por lo segundo, a pesar de poner en riesgo la salud y bienestar de sus familias y de nuestras comunidades.
Como lo explicó uno de los magistrados, George Daniels de Nueva York, quien consideró que la administración Trump no ofreció una razón legítima para limitar el proceso de legalización de millones de personas: la nueva “regla es simplemente una nueva política de agencia en busca de una justificación”.
No sorprende que una docena de estados del país forme parte de la movilización ciudadana en contra de la regla de la “carga pública”.
Para esos estados, como California, Nueva York o Washington State, los migrantes están lejos de ser una “carga”. Son esencialmente un pilar clave para la vida diaria de sus comunidades, sea como modestos trabajadores del campo o de la construcción, cuyas aportaciones no se miden en dólares sino en patriotismo, sacrificio y dedicación.
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