Por José López ZAMORANO
No hay motivo de celebración en el juicio político de un presidente y las encuestas de opinión reflejan el dilema del público estadounidense ante uno de los episodios más graves de la República: el pueblo está dividido por la mitad entre quienes apoyan y quienes rechazan la decisión de proceder contra Donald Trump.
Durante las audiencias del Comité Judicial los legisladores mostraron la división similar a la del público. Todos los 23 demócratas votaron a favor y los 17 republicanos en contra. Quienes seguimos las audiencias fuimos testigos de que ambas partes creen tener la razón.
Pero la realidad es que los hechos del caso no están tan en disputa. El presidente de los Estados Unidos condicionó la ayuda a Ucrania a cambio de que el gobierno de ese país no sólo investigara a un rival político de Trump, el ex vicepresidente Joe Biden, sino que lo anunciara públicamente. El plan era avergonzar y debilitar a Biden, el favorito de los militantes demócratas.
Es posible tener diferencias sobre si la conducta del presidente se eleva a la categoría de un juicio de destitución. Pero no debería disputarse que la conducta del presidente fue inapropiada.
Sólo después que el escándalo estalló públicamente la ayuda a Ucrania fue liberada y el presidente dijo que nunca hubo un condicionamiento.
No hay que olvidar que el liderazgo demócrata encabezado por Nancy Pelosi se mantuvo reticente a poner en marcha el proceso hasta que la evidencia salió a flote después de la conversación telefónica entre Trump y el presidente ucraniano el 25 de julio.
Con el desenlace en la Cámara de Representantes, el caso pasa al senado donde el líder de la mayoría Republicana Mitch McConnell no ha ocultado que cumplirá con los deseos de los abogados del presidente de que sea un juicio breve. El proceso será presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia John Roberts.
Por lo pronto McConnell rechazó la propuesta de los demócratas para que comparezcan en el juicio testigos claves como el ex Asesor de Seguridad Nacional John Bolton y el Jefe de Gabinete Mick Mulvaney.
Todo lo cual lleva a la interrogante. Si la Casa Blanca dice que la llamada telefónica fue apropiada y los republicanos creen que no se violó la ley, por qué esta aversión a un proceso transparente que permita conocer y llegar a la verdad.
La realidad es que todo lo que ocurre en Washington está politizado y los muchos políticos siguen mostrando que al final del día prevalece la disciplina partidista por encima de la defensa del estado de derecho y del debido proceso.
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