Por José López ZAMORANO
A pesar del rechazo durante el periodo de consultas públicas, la administración del presidente Donald Trump procedió a publicar su regla de la “carga pública” cuyo efecto real será dificultar la posibilidad de que los inmigrantes que hayan recibido beneficios como estampillas de alimentos, atención médica o subsidios para la vivienda puedan convertirse en Residentes Legales Permanentes.
La decisión de Trump complicará también el proceso para las personas de bajos recursos que buscan emigrar legalmente a Estados Unidos. Aunque no afecta a los solicitantes de asilo o refugio político, la Casa Blanca adopta acciones que ya limitan las opciones de este grupo de migrantes, especialmente los procedentes de Centroamérica.
La propuesta regla, que fue sometida a consulta y recibió miles de comentarios mayormente en contra, entrará en vigor en menos de 60 días, afectará a los inmigrantes legales de más bajos ingresos en los Estados Unidos, y beneficiará a los inmigrantes de mayores ingresos y con mejor manejo del idioma inglés.
La Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA) consideró que la nueva política de la administración Trump es “cruel y discriminatoria”.
Organizaciones comunitarias han denunciado que la administración Trump busca de hecho levantar un “segundo muro” de restricciones para evitar que los inmigrantes, la mayoría de los cuales votan a favor de los demócratas, se hagan residentes legales y, eventualmente, ciudadanos hispanos con derecho a voto.
Legisladores hispanos creen que la administración Trump desea desacelerar las naturalizaciones y el registro de votantes de las minorías debido a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
Pero curiosamente no todos los latinos se oponen a las nuevas reglas de la administración Trump.
He leído algunos comentarios de las redes sociales de quienes creen que el sistema de ayuda pública ha sido objeto de abusos por parte de personas que no merecían recibir los beneficios como estampillas de comida, apoyo para Medicaid o subsidio en la renta de habitaciones.
Sin duda alguna todo sistema es perfectible y quienes abusen de la ayuda a las personas más vulnerables deben ser excluidos de los beneficios. Pero es difícil justificar que por los excesos de unos cuantos, paguen la culpa la mayoría de los inmigrantes que legítimamente necesitan apoyo.
Su condición no debe ser obstáculo para obtener su “green card”.
La buena noticia es que la regla de la “carga pública” entra el vigor hasta el 15 de octubre. Se espera que grupos busquen frenarla legalmente a partir de que entre en vigor. Pero la comunidad de inmigrantes debe utilizar este momento para acelerar sus procesos de residencia legal o de migración legal a los Estados Unidos.
Al igual que las naturalizaciones aumentaron en la presidencia de George W. Bush en el periodo previo a un aumento de su costo, todos los inmigrantes elegibles para residencia legal o migración deben aprovechar cuanto antes este compás de espera.
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