Por José López ZAMORANO
El presidente Joe Biden dio recientemente una gran muestra de madurez política. A pesar de que los republicanos del Senado bloquearon el inicio del debate de su ambiciosa propuesta de reforma electoral, prácticamente de forma simultánea logró concretar un acuerdo para empujar la aprobación en el congreso de su no menos ambicioso proyecto de infraestructura.
El presidente había propuesto originalmente un generoso plan de dos secciones, que incluía por la rehabilitación y modernización de la infraestructura nacional, incluidos puentes y carreteras, en más de una generosa dotación presupuestal para lubricar con recursos una amplia gama de programas sociales, la mayoría en beneficio de las minorías y de los más vulnerables.
Pero en una muestra de flexibilidad política, tuvo que ceder a las presiones de los republicanos que sólo aceptaban la primera parte de su plan. En la política, lo perfecto suele ser enemigo de lo bueno. Y es evidente que el presidente decidió que una parte del plan era mejor que nada.
La iniciativa del presidente tiene como objetivo central modernizar la diezmada infraestructura de Estados Unidos, incluidas 20 mil millas de carreteras, sustituir tuberías de plomo en 400 mil centros escolares, reconstruir 10 puentes mayores y 10 mil puentes de menor tamaño, y llevar Internet de alta velocidad al 100% del país, en especial para las minorías hispana y afroamericana.
Sólo este último punto merece una atención especial, toda vez que la pandemia del COVID-19, donde los estudiantes se vieron obligados a llevar a cabo su educación de manera remota, mostró las profundas desigualdades que aún prevalecen en el país en el acceso a Internet de alta velocidad. Asignarle recursos a este rubro es una asignatura pendiente que le corresponde al gobierno federal para zanjar la brecha de disparidad digital.
Y quizá la parte más sorprendente es que el presidente planea lograr todos estos objetivos sin elevar la tasa de impuestos a las familias que ganen menos de $400 mil anuales. Se trata sin duda de una meta ambiciosa, pero seguramente fue una condición clave por parte de los republicanos que se oponen a ensanchar el déficit en las finanzas federales.
Pero singularmente, una de las dificultades mayores que enfrentará ahora la aprobación legislativa del plan se encuentra en el propio partido demócrata, donde algunos de los sectores más progresistas, desean que se mantenga la propuesta presidencial original de destinar cuantiosos recursos a los programas sociales.
La presidenta de la cámara de representantes, Nancy Pelosi, mantiene por ejemplo su amenaza de bloquear la aprobación legislativa en su órgano, a menos que el proyecto contenga el ofrecimiento inicial de ofrecer educación superior gratuita a los estadounidenses.
Más allá del desenlace inmediato de la iniciativa, que probablemente será aprobada en el congreso con algunas modificaciones, el episodio muestra que el presidente Biden está decidido a buscar una política de consenso. Para un país que viene de una era de polarización y división política, se trata de una filosofía política que vale la pena reconocer.
