Por José López ZAMORANO
Sólo al interior de una mente macabra tendría sentido la consideración de una política diseñada para explotar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, mujeres y menores de edad que escapan de la pobreza extrema o de la violencia, con el objetivo de cobrar una burda venganza contra un adversario político.
Bajo esa categoría cae la intención del presidente Donald Trump de enviar a los solicitantes de asilo, la mayoría centroamericanos, a las llamadas “ciudades santuario”, aquellas que rechazan entregar a las autoridades migratorias federales a los inmigrantes que únicamente cometieron la falta administrativa de ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos.
Objetada por funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que cuestionaron su legalidad, la controvertida política presidencial confronta también el rechazo de los presidentes de tres de los principales Comités de la Cámara de Representantes y la total ausencia de respaldo, al menos público, de los propios republicanos.
Poco importa al presidente el fracaso de su estrategia de convertir las elecciones intermedias del año pasado en un referéndum sobre las caravanas de inmigrantes indocumentados, que resultó en la pérdida del control de la Cámara de Representantes para los republicanos. Su apuesta parece ser que su guerra contra los migrantes puede repetirle en 2020 el triunfo electoral del 2016.
Las ciudades “santuario” son resultado de un movimiento que comenzó en Los Ángeles a principios de la década de los 80’s, después que la ciudad californiana promulgó la Orden Especial 40, que impidió a sus agentes de la policía interrogar a una persona detenida sobre su estatus migratorio.
El movimiento se extendió a más de 500 jurisdicciones, condados y ciudades, incluidas algunas de las más grandes urbes de Estados Unidos como Nueva York, San Francisco y Washington DC. En 2017 el gobernador Jerry Brown convirtió a California, la entidad más poblada del país, en un estado santuario.
Trump arreció su ofensiva contra el movimiento “santuario” a raíz del caso de la joven Kate Steinle en San Francisco, asesinada por el indocumentado mexicano José Inés García Zarate.
Pero el inmigrante fue absuelto por un jurado de la acusación de homicidio en segundo grado y acusado ilegal de posesión de un arma de fuego.
En 2018, los votantes no compraron la falsa narrativa de Trump de equiparar la inmigración indocumentada con la criminalidad. Todos los estudios dejan claro que los inmigrantes tienen una tasa de delincuencia menor que quienes nacieron en los Estados Unidos.
Si la apuesta del presidente es preservarse en la Casa Blanca con políticas basadas en falsedades, podría llevarse una sorpresa. Después de todo existe un dicho estadounidense muy sabio. “Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía”. (Para La Red Hispana)
