Cuando parecía empezar a tocar fondo la guerra del presidente Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados, su administración decidió intensificar las hostilidades a menos de dos meses de las elecciones, con una iniciativa draconiana contra los migrantes legales que busca negar la residencia permanente a aquellos que reciben beneficios públicos, como ayuda alimentaria o seguro de salud a través de Medicaid.
La propuesta no está escrita aún sobre piedra, toda vez que requiere por ley un periodo de consulta de 60 días. Pero si se implementa, podría afectar a por lo menos 382 mil inmigrantes legales, de acuerdo con la contabilidad de la administración, muchos de los cuales son, por supuesto, madres y padres de menores de edad que son ciudadanos estadounidenses.
En el colmo de las políticas públicas sobre migración, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) obligaría a todos los inmigrantes que busquen convertirse en Residentes Legales Permanentes (LPR), estarían obligados a demostrar no sólo que no han recibido o no reciben beneficios públicos, sino que deben convencer a las autoridades “que no es probable que los reciban”. Increíble.
Bajo la regla, será el DHS definirá los parámetros de lo que significa ser una “carga pública” para la administración Trump. El criterio puede ser en términos de dólares o duración. Si asumimos que los migrantes legales que reciben beneficios públicos son aquellos con menores ingresos, no es descabellado decir que se trata de una guerra contra los pobres.
Si una sociedad define su estatura moral sobre la base de la manera en la que trata a sus más vulnerables, esta administración ha tocado el fondo. Los padres y madres de familia migrantes legales enfrentarán así la dramática disyuntiva entre alimentar a su familia o buscar su legalización plena.
Como es natural, la propuesta ha desatado el unánime rechazo de organizaciones defensoras de los inmigrantes, de los niños y de los latinos, aunque la propuesta afecta a migrantes legales de todos los colores. El plan de Trump es visto como un descarado intento por apelar a los más bajos instintos de su base más conservadora, ignorante y prejuiciosa.
Pero los grupos opuestos a la iniciativa buscan pasar de la indignación a la acción. Su plan es presentar más de 100 mil comentarios en contra, una vez que se abra el periodo de consulta, además de que están explorando una efectiva estrategia legal para impugnarla en los tribunales de Estados Unidos.
Si la intención del presidente Donald Trump era arrojarles un hueso a sus seguidores y entusiasmarlos a salir a votar en noviembre, qué mejor paradoja que su plan genere lo opuesto: entusiasmo electoral entre todos los votantes que rechazan no sólo sus políticas migratorias, sino la complaciente actitud de los republicanos en el Congreso.
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