Por José López ZAMORANO
Primero los hechos: el Departamento de Seguridad Interna (DHS) publicó la regla final de la “carga pública” que podría dificultar la obtención de la Residencia Legal Permanente o “Green Card” a unos 4 millones de inmigrantes que han recibido algún tipo de beneficios públicos.
La regla final define “carga pública” como un extranjero que ha obtenido “uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en total, dentro de un periodo de 36 meses”, de acuerdo con DHS. A su vez, los “beneficios públicos” son aquellos que incluyen dinero en efectivo como ingresos por manutención, dinero de seguridad social suplementaria, asistencia temporal para familias necesitadas, Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP), la mayor parte de los programas de Medicaid y ciertos programas (de ayuda) para la vivienda.
Los solicitantes de “Ajuste de Estatus” que sean sujetos a la Regla deben mostrar, no sólo que son autosuficientes, sino que es improbable que se conviertan en el futuro en una “carga pública” sometiendo la forma I-944 de Declaración de Autosuficiencia cuando presenten la forma I-485.
Para ello las autoridades migratorias examinarán una veintena de factores.
Funcionarios de la administración de Donald Trump han señalado que el concepto detrás de la regla de la “carga pública” tiene su origen en añejos principios legales que requieren que los migrantes sean autosuficientes. También es verdad que el sistema de beneficios públicos tiene el potencial de ser objeto de abusos y que los beneficios sean recibidos por personas que no los necesitan.
Aún antes de que entrara en vigor la “carga pública”, activistas habían advertido que inmigrantes o sus familias tenían derechos legítimos, por ejemplo, para recibir beneficios para sus hijos nacidos en Estados Unidos, ya han empezado a dejar de solicitar los beneficios públicos por temor a que ello pueda entorpecer sus posibilidades de regularización migratoria.
Afortunadamente la regla final de la “carga pública” excluye de sus requerimientos a refugiados y asilados, cientos solicitantes de la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA)
En este espacio, hemos comentado que una sociedad define su estatura moral sobre la base de la manera en la que trata a sus más vulnerables, a sus más necesitados.
Lamentablemente, los padres y madres de familia migrantes enfrentan a partir de este momento la dramática disyuntiva entre solicitar beneficios públicos para sus familias o arriesgarse a que no puedan buscar su legalización plena en este país.
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