Por José LÓPEZ ZAMORANO
El fallo en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito no pudo ser más inoportuno. En momentos que Estados Unidos celebra el Mes de la Herencia Hispana, un panel del tribunal determinó que la administración del presidente Donald Trump puede poner en marcha los procesos de deportación contra 300 mil inmigrantes procedentes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán beneficiarios del Programa de Protección Temporal (TPS).
En una decisión dividida 2-1, los magistrados encontraron que si bien el presidente Trump expresó “ánimo racial” contra inmigrantes no-blancos y no-europeos, y que la Casa Blanca influyó en las decisiones para terminar el programa, no existe evidencia de que el ánimo presidencial haya motivado la terminación del TPS o que los funcionarios involucrados en el proceso de toma de decisiones hayan estado prejuiciados por ánimo racial.
“Aún cuando no condonamos la naturaleza ofensiva y despectiva de las declaraciones del presidente, determinamos que estas declaraciones ocurrieron principalmente en contextos que no estaban relacionados con la política o las decisiones sobre el TPS”, de acuerdo con el dictamen final suscrito por la magistrada Consuelo Callahan, designada por George W. Bush.
En contraste, la magistrada Morgan Christen consideró que los comentarios “denigrantes” del presidente, las descripciones de las condiciones de vida en esos países, así como las alusiones a personas y no a lugares, sugieren que el ánimo racial pudo haber afectado la decisión de su administración de iniciar la terminación del programa.
Iniciado en la década de 1990, el programa TPS fue establecido por el congreso para ofrecer protección temporal a inmigrantes de países latinoamericanos y africanos que corrían el riesgo de regresar a sus países debido primordialmente a desastres naturales o conflictos armados.
Bajo el TPS, los inmigrantes procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Liberia, Nepal, Somalia, Siria, Sudán y Yemen pueden obtener permisos laborales legales en los Estados Unidos y aislarse de las deportaciones, pero el programa no ofrece una ruta especial para la legalización de sus beneficiarios.
Desde su origen, el programa había sido renovado por los sucesivos gobiernos estadounidenses.
La administración del presidente Donald Trump tomó la decisión de iniciar el proceso de terminación del programa bajo el argumento de que en los países de origen de los beneficiarios han dejado de existir las condiciones que justifican la continuación del programa.
Un grupo de los beneficiarios TPS decidió demandar a la administración Trump alegando que se violó la ley de procedimientos administrativos y que el ánimo racial del presidente influyó en la decisión de terminar el programa. Inicialmente, un juez detuvo preliminarmente el fin del programa. Pero el panel de la corte de apelaciones reactivó el proceso que abre la puerta a deportaciones a partir de enero.
Es previsible que el desenlace del caso tenga lugar en la Suprema Corte de Justicia, toda vez que los demandantes cuentan con varios recursos legales.
Pero existe una solución más rápida y humanitaria. Decenas de miles de esos inmigrantes “deportables” son en este momento trabajadores esenciales hispanos. Qué mejor manera de que
la administración Trump celebre el mes de la Herencia Hispana que revirtiendo su decisión de terminar el TPS y dando a esos inmigrantes vitales la paz y tranquilidad que merecen.
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