Es imposible no sentirse desconsolado por las imágenes de gases lacrimógenos lanzados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contra los miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos en la frontera entre Tijuana y San Diego. Pero la desesperación de miles de personas que huyen de la inseguridad y de la violencia tampoco puede ser excusa para violentar la integridad territorial de un país, menos aún lanzando proyectiles contra agentes del orden.
De la misma forma que todos los migrantes tienen que ser tratados con pleno respeto a sus derechos humanos y a su dignidad personal, no es posible escudarse en la angustia personal para tratar de irrumpir ilegalmente en las fronteras nacionales de otro país. Peor aún es el hecho que las acciones de unos cuantos, manchan la causa de las mayorías.
El punto de equilibrio entre la salvaguarda de la integridad y seguridad territorial, y el trato humanitario a los solicitantes de asilo es extremadamente difícil de alcanzar cuando contingentes integrados por miles de personas llegan a un mismo punto de cruce casi de manera simultánea en busca de alivio.
Para complicar este balance delicado se suma el hecho de que el tema de la migración y la seguridad fronteriza no sólo ha estado politizado durante los últimos años, sino que está siendo utilizado por el presidente Donald Trump como divisa de cambio para las negociaciones presupuestales que podrían llevar a un cierre del gobierno federal el 7 de diciembre, a menos que haya un acuerdo entre republicanos y demócratas en la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos ha sugerido que podría estar a favor tanto del cierre permanente de las fronteras, como del cierre de la burocracia federal de Estados Unidos, si no encuentra una respuesta presupuestal satisfactoria a su demanda de 5 mil millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México.
Tiene razón el senador demócrata de Maryland, Ben Cardín cuando afirma que una parte de la responsabilidad del actual estado de cosas es responsabilidad en parte de la decisión del presidente Trump de limitar las opciones de asilo a los puntos de cruce, una decisión que choca con la legislación federal vigente.
Aunque un tribunal de California falló en contra de la Casa Blanca, el incidente con los migrantes centroamericanos en la frontera subraya la urgencia de que el nuevo Congreso se aboque de manera urgente al tema de la reforma migratoria, incluida la situación de los jóvenes Dreamers, TPS y los ajustes al proceso de asilo.
Pero también es necesaria una visión integral y regional que se enfoque en la solución del problema migratorio desde su raíz, desde las causas que provocan los éxodos cíclicos de migrantes del Triángulo del Norte y ponga sobre la mesa un ambicioso plan de desarrollo regional y de procesamiento de asilo que ponga fin a esas crisis periódicas que no podrán ser contenidas con gases lacrimógenos. (Para La Red Hispana)
