En la comunidad inmigrante hay una seria preocupación por las redadas de las autoridades migratorias, como las que semana pasada atraparon 212 personas en California. En Las Vegas, Gustavo Merchant incluso se dio a la tarea de organizar un festival para recaudar fondos y lograr aliviar las penurias que ocasionó la deportación de la persona que se consideraba el jefe de la familia.
Es doloroso que se separen familias y que se detenga a personas que no representan ningún peligro, como para que responsabilice de la necesidad de estas acciones a las autoridades locales por respetar la Constitución.
Sí, respetar la Constitución.
En un comunicado que el partido demócrata compartió, destaca un editorial que el diario la Opinión publicó al respecto.
En él destaca que el Departamento de Justicia y el de Seguridad Interna exigen que las agencias policiales mantengan a una persona detenida por 48 horas más de lo necesario para que la Agencia para el Control de Aduanas e Inmigración (ICE) los pueda recoger. Los magistrados de distintos distritos del país han dicho que eso es inconstitucional.
El 9 de febrero pasado el juez federal de distrito de California, Andre Birotte Jr., determinó que miles de personas permanecieron detenidas más de lo debido por el Sheriff de Los ´Angeles entre 2010 y 2014 al aceptar las solicitudes de detención, o detainers, de la autoridad federal migratoria.
En este caso, como en otros en Texas, Oregon, Pensilvania, Illinois y Massachusetts, se determinó que retener a un individuo más de lo necesario, sin una orden judicial, va contra la Cuarta Enmienda constitucional. Algunos de los jueces argumentaron que la solicitud de ICE también infringe la Décima Enmienda ya que el gobierno federal impone una obligación inapropiada a los Estados.
El argumento de Washington se basa además en una muy discutida interpretación de la sección 1373 del Código 8 de la ley de inmigración que se refiere exclusivamente a “no restringir” intercambio de información migratoria entre autoridad local y federal. En ningún momento establece obligatoriedad ni necesidad de que esta se realice.
El gobierno del presidente Donald Trump parece reconocer de hecho que no tiene base legal para sus exigencias. No le interesa apelar ante la justicia su caso. A diferencia de otros casos no le interesa resolverlo ante la Corte de Suprema de Justicia.
La administración Trump califica de “santuario” a toda localidad, como Los Ángeles, que no entra en la ilegalidad para obedecer su solicitudes. Esa es la manipulación del tema migratorio cuando se tiene el marco legal en su contra. Cuando se toca el límite del alcance de una infracción y de una orden.
Es lamentable que ICE pueda arrestar a todo aquel que no tenga documentos cuando los solicita. Se llevan a residentes y ciudadanos, aunque después los suelten. Hasta les es permitido engañar a la gente haciéndose pasar por policías.
Todo esto es indignante e inadmisible. Para rematar se hacen pasar por los buenos que están “forzados” a hacer redadas masivas porque las autoridades locales no les obedecen.
