Sociedad Iberoamericana de Prensa defiende a ocho periodistas guatemaltecos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó un escrito ante un tribunal de Guatemala en defensa de ocho periodistas guatemaltecos procesados y acusados de obstrucción a la justicia.

En marzo de 2023, la Justicia guatemalteca procesó a un grupo de periodistas por una serie de artículos publicados acerca del juicio contra el reconocido fundador y presidente de El Periódico, Jose Rubén Zamora Marroquín. 

Zamora Marroquín se encuentra en prisión desde el mes de julio del año  2022 por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción tras “un proceso plagado de vicios e irregularidades, en evidente represalia” por su trabajo informativo crítico, señaló la SIP.

Los periodistas son: Denis Obdulio Aguilar, Julia Corado, Gerson Allende, Edgar Gutiérrez, Alexander Valdez, Ronnie Ríos y Gonzalo Marroquín, expresidente de la SIP.

Los periodistas acusados en este caso promovido por fiscales sancionados por Estados Unidos tuvieron que salir exiliados del país y no han podido continuar con su labor informativa, dijo la SIP. 

Entre 2019 y 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, tuvieron que abandonar Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra, según medios de prensa.

El escrito legal ‘amicus curiae’ firmado por la SIP sostiene que, según el Ministerio Público, “los periodistas con sus publicaciones han intentado amenazar o coaccionar a los miembros del Organismo Judicial, Ministerio Público y Auxiliares de la Administración de Justicia, afectando su integridad física y su honor, con el fin de influir en su comportamiento”.  

La SIP destaca que la fiscal “de manera arbitraria e ilegal también solicitó que se ordenara investigar las fuentes de financiamiento, porque según ella las publicaciones de los periodistas, son orquestadas por más gente”. 

El escrito legal indica que, con esas maniobras, se “violenta lo regulado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y no pueden ser expropiados”. Miami (EFE)

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