Los tres demócratas hispanos del Senado de Estados Unidos urgieron al presidente Joe Biden a extender las protecciones de los beneficios migratorios, como el TPS y el DACA, que se encuentran en peligro ante el regreso de Donald Trump.
Los senadores Alex Padilla, Catherine Cortez Masto y Ben Ray Luján han enviado una carta al mandatario estadounidense instándole a proteger a los inmigrantes de larga data que podrían verse afectados en el plan de deportaciones masivas publicitado por el republicano.
Los legisladores hispanos han solicitado que extienda, designe y amplíe el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para ciertos países elegibles.
El llamado busca la extensión del amparo migratorio que protege a más de 860 mil extranjeros, la mayoría venezolanos (344 mil 335), haitianos (200 mil 005) y salvadoreños (180 mil 375), que vence el próximo año.
Los senadores también han solicitado que se designe el TPS para inmigrantes ecuatorianos.
“El empeoramiento de las crisis en países de todo el mundo, incluidos Ecuador, Nicaragua y El Salvador, pone en peligro a cientos de miles de personas. Los nacionales de estos tres países no pueden regresar a sus hogares debido a las graves circunstancias”, dijeron los senadores.
El gobierno de EEUU tiene la potestad de conceder el TPS a los inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares.
Actualmente hay inmigrantes de 16 países favorecidos con este beneficio. En su anterior administración (2017-2021), Trump arremetió contra los migrantes beneficiados del TPS y quiso eliminar la protección para seis países: El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras, Sudán y Nepal.
Los senadores pidieron al gobierno Biden poner el pie en el acelerador en la renovación de los permisos de trabajo de los amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa al que el presidente electo ya intentó poner fin en su anterior administración (2017-2021).
El programa DACA enfrenta una demanda por parte de estados republicanos que alegan que el beneficio es inconstitucional. Los Ángeles (EFE)
