Por Alexander ZAPATA
Gran revuelo causa el anuncio del Departamento de Comercio de incluir en el censo de los EEUU, del 2020, la consulta de si una persona es o no ciudadana del país.
La decisión es criticada y generó que 12 estados republicanos y demócratas demanden al gobierno del presidente Donald Trump por esta consulta que no se incluye desde el censo nacional de 1950, pues argumentan que promueve a que una cantidad significativa de la población se rehúse a participar en este proceso, por miedo a suministrar su estatus de permanencia pues son inmigrantes indocumentados o residentes con familiares en esta situación.
Desde 1790, cada 10 años se realiza el recuento de la población estadounidense, independientemente si son ciudadanos o no. Este proceso establecido en la Constitución de EEUU, se hace con la finalidad de distribuir los fondos federales en función de los habitantes que posee cada estado, por lo que el resultado influye en la construcción de escuelas, infraestructura, centros y programas de salud, entre otros.
De este conteo dependen los escaños del Congreso que se asignan por estado, situación puede variar con la presencia o ausencia de 10 mil personas o menos. Un ejemplo de esto se evidenció en 2001, cuando el estado de Utah demandó al gobierno federal después de que se le retirara un lugar en el parlamento por una diferencia de 856 personas durante el Censo del 2000. Esta localidad impugnó - sin éxito- que el censo no contó debidamente más de 11 mil misioneros mormones que prestaban servicios fuera del país.
En el comunicado del pasado lunes 27 de marzo, del Departamento de Comercio, dirigido por Wilbur Ross, argumentó que han “determinado reinstalar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 pues es necesario dar datos completos y precisos”, lo que permitiría establecer el número de personas con derecho al voto. La polémica pregunta fue solicitada en diciembre por el Departamento de Justicia, comandado por Jeff Sessions, conocido por sus ideas y posiciones antiimigrantes.
En contraste con la posición gubernamental, analistas aseguran que esta inclusión sería un duro golpe a las llamadas ciudades santuarios o con una significativa presencia de inmigrantes, que son un objetivo de la actual gestión que manifiesta su intención de reducir fondos federales si no colaboran con sus duras políticas antimigratorias.
Los defensores de los inmigrantes dicen que la pregunta llevará a indocumentados o residentes legales permanentes a no completar el censo, y eso falseará los datos.
REACCIONES EN CONTRA
Tras el anuncio de la administración Trump de retomar la pregunta, el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, comunicó su intención de presentar una demanda contra el gobierno para paralizar la medida.
La acción legal está respaldada por 11 estados -tanto demócratas como republicanos en los que se cuentan Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, Nuevo México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island y Washington. El fiscal de California, Xavier Becerra, demandó al Gobierno del presidente de Estados Unidos por agregar el estatus de ciudadanía al Censo 2020.
