La próxima discusión en el Legislativo mexicano de la polémica reforma eléctrica ha endurecido el mensaje oficialista contra las empresas energéticas privadas en medio de una guerra de cifras y señalamientos que tiñen de incertidumbre el sector.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aprovechado la visibilidad de sus conferencias diarias para acusar a las eléctricas privadas de “saquear” el país y de corruptas, aunque sin especificar estos hipotéticos casos.
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la que garantiza que no aumenten los precios de manera excesiva, que no nos pase lo que sucede en España o en otras partes, en donde las privadas se sirven con la cuchara grande”, dijo.
Sin dar más detalles, volvió este lunes a acusar a la eléctrica española Iberdrola -blanco de muchos de sus ataques- de hacer “lobby” en México y de ser un monopolio.
LA POLÉMICA REFORMA
Tras varios intentos fallidos por cambiar la legislación, López Obrador impulsa ahora una iniciativa de reforma constitucional que busca limitar al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, empresa del Estado, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirma que la CFE, incluyendo a los productores independientes de energía (PIE), controla cerca del 70 % de la producción, mientras que CFE rebaja la cifra al 62 %.
La reforma, que también propone la nacionalización del litio, se enmarca dentro de la promesa de fortalecer las estatales CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex).
López Obrador lo tendrá difícil para lograr su aprobación pues se requieren dos terceras partes de las cámaras y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no tiene mayoría calificada, por lo que necesitará pactar con la oposición, por lo que no se descartan cambios a la propuesta original.
“Yo te diría hoy que probablemente hay menos de un 20 % de probabilidad de que se apruebe”, dijo a Efe el director de la consultoría GMEC, Gonzalo Monroy.
Monroy ve difícil que el hoy opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), artífice de la reforma anterior, apoye el cambio constitucional.
LAS PREOCUPACIONES DE LA INDUSTRIA
Aunque la secretaria de Energía mexicana, Rocío Nahle, ha asegurado que no se expropiará “ni un tornillo”, analistas como Monroy temen que se utilice cierta “ambigüedad” de la reforma energética para que la CFE termine controlando plantas privadas sin tan siquiera indemnizar.
En este contexto, la incertidumbre es evidente.
“Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40.000 millones de dólares de inversión que están ahora detenidos y que el país necesita”, dijo recientemente el presidente del CCE, órgano cúpula de la patronal, Carlos Salazar.
Además, la industria eléctrica -que hasta el momento ha evitado enfrentarse frontalmente al presidente- ha padecido ya la falta de renovación de algunos permisos, como recientemente el de una planta de Iberdrola en Nuevo León, así como la apertura de procesos administrativos.
Este caso no es el único acontecido en los últimos meses, aunque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no quiso detallar a Efe el número exacto de no renovaciones de contratos, alegando que están “bajo proceso legal”.
La Cámara Española de Comercio en México (Camescom) reconoce que el “texto actual” de la reforma no les parecía “bueno” pero se respetaba a las autoridades legislativas a la espera de la legislación final.
Más allá de la reforma, ya hay antecedentes alarmantes para la patronal. A mediados de 2020, por ejemplo, Iberdrola anunció la suspensión de una futura planta de ciclo combinado con una inversión de 1.200 millones de dólares por un desacuerdo con la CFE en la suministración del gas necesario.
Finalmente, la estatal aseguró que asumiría el proyecto.
“La reforma eléctrica ya secó las inversiones privadas en energías limpias. En el sector eléctrico la inversión privada no se fue a cero, pero bajó de forma dramática”, dijo a Efe el profesor de Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey Carlos Elizondo.
EL PROTAGONISMO DE EE.UU.
La reforma constitucional también eliminaría los reguladores autónomos de energía y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados, por lo que podría contravenir al renovado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde 2020.
“En el T-MEC, México se reservó el derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna en materia de energía y por tal razón este sector estratégico quedó fuera del tratado trilateral”, aseguró en el Parlamento Abierto que se lleva estos días a cabo en el Legislativo el abogado general de la CFE, Raúl Jiménez Vázquez.
Este Parlamento Abierto está siendo además epicentro de encontronazos entre partidarios y detractores de la reforma. Iberdrola fue invitada a participar esta semana pero declinó la invitación.
Tras visitar el país a finales de enero, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, advirtió del “potencial impacto negativo” de la reforma en energía para la inversión privada de su país.
El enviado especial presidencial para el Clima de la Casa Blanca, John Kerry, pidió también la semana pasada “fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo”, e impulsar las energías limpias.
“Es obvio que van a ser respetuosos con la soberanía, pero (el Gobierno de EE.UU.) está esperando que México respete los acuerdos firmados, entre ellos el tratado de libre comercio”, dijo Monroy, quien remarcó además que muchas plantas de la CFE son contaminantes.
Todos estos ataque en unas “mañaneras” cada vez más largas se producen en medio de la revelación mediática de la lujosa vida por parte de uno de los hijos del mandatario, José Ramón López Beltrán.
Por ello, la mayoría de analistas coinciden en que su retórica y su reforma eléctrica no son más que una cortina de humo para esconder problemas mucho más graves: como que el país creció un decepcionante 4,8 % en 2021 y, en el segundo semestre, entró técnicamente en recesión. México (EFE)
