El juez federal del distrito sur de Nueva York Víctor Marrero rechazó los argumentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para no acudir a una citación sobre sus declaraciones de impuestos emitida por el fiscal general de este distrito, Cyrus Vance.
Trump había tildado de “acoso ilegal” y “exceso” la reclamación respecto a sus declaraciones de la renta que solicitó Vance a su empresa de contabilidad como parte de un litigio en el que se investigan los pagos secretos de su campaña electoral realizados a una actriz porno.
El juez Marrero señala que el presidente no ha demostrado que la citación represente una carga injusta y se posicionó a favor de Vance, que investiga al mandatario por posibles violaciones de leyes estatales.
Marrero detalló que no podía “acreditar mecánicamente” los argumentos del presidente de que la citación era “indebidamente onerosa y motivada por mala fe”, y aseguró que el planteamiento de Trump buscaba una “inmunidad absoluta por la puerta trasera”.
En este sentido, el magistrado se mostró muy crítico con la línea de defensa de Trump, cuyo equipo jurídico alegó que incluso si este presidente, o cualquier presidente, cometía un crimen a simple vista delante de todo el mundo estaría “protegido” de las investigaciones policiales, judiciales o procedimientos de cualquier tipo, ya sea federal o estatal, hasta la expiración de su mandato.
Según los abogados de Trump, durante ese lapso de tiempo “las autoridades no podrían hacer nada” para procesar cualquier delito.
Sin embargo, el juez federal apuntó que esa línea de defensa y esas nociones “no tienen precedentes” y son unos argumentos “tan trascendentales como peligrosos para el Estado de derecho y otros principios constitucionales fundamentales en los que se basa este país, por los que fue fundado y es gobernado”.
Marrero desestimó el caso con prejuicio, lo que impide que Donald Trump pueda presentar nuevos argumentos a la corte sobre por qué no se debería hacer cumplir la citación.
Vance y Trump llevan enzarzados cerca de un año en esta batalla judicial por el acceso de la Fiscalía a sus declaraciones financieras de casi una década para ver si contienen pruebas de “transacciones potencialmente inadecuadas”, algo que el presidente intenta evitar. Nueva York (EFE)
