Un juez federal de Florida (EE.UU.) bloqueó partes de una nueva ley aprobada por la legislatura sobre el registro de votantes, tras una moción presentada por dos organizaciones civiles, una decisión que el Partido Demócrata calificó de “gran victoria para el pueblo” de este estado.
En una orden judicial preliminar, el juez Mark E. Walker, del Tribunal del Distrito Norte de Florida, en Tallahassee (capital del estado), dicta a favor de la moción presentada por la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés) y la Federación Hispana sobre dos aspectos de la nueva ley 7050.
En el documento de 58 páginas al que tuvo acceso EFE, el magistrado señala que “Florida puede, por supuesto, regular las elecciones, incluido el proceso de registro de votantes”; pero que, en este caso, “las disposiciones impugnadas ejemplifican algo con lo que Florida ha luchado en los últimos años: gobernar dentro de los límites establecidos por la Constitución” de los Estados Unidos.
“Cuando el poder del gobierno estatal amenaza con extenderse más allá de los límites constitucionales y reducir a cenizas los derechos individuales, el poder judicial federal se erige como un cortafuegos”, consideró en su dictamen.
Para el Partido Demócrata de Florida, esta orden judicial preliminar contra partes de la ley del Senado (7050), “que impide que el estado promulgue las nuevas disposiciones de supresión de votantes”, es un revés judicial para el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y “sus compinches en la legislatura”.
A Desantis le “cuesta gobernar dentro de los límites establecidos por la Constitución de los Estados Unidos”, dijo en un comunicado Nikki Fried, presidente de los demócratas de Florida.
La ley ya mereció en mayo pasado las críticas de organizaciones de derechos civiles y hasta del expresidente Donald Trump (2017-2021), quien señaló que debilita la “integridad electoral en Florida”.
La medida, entre otras cosas, impone más restricciones al voto por correo y aumenta las multas (algunas de hasta 50 mil dólares) para las organizaciones que registran votantes e incumplen la normativa vigente.
“Nuestros esfuerzos deben centrarse en proteger a los votantes eliminando los plazos de registro de votantes para ampliar la participación en nuestra democracia. En cambio, estamos penalizando a las organizaciones que animan a la gente a votar”, dijo en una declaración enviada en mayo a EFE Kirk Bailey, de la filial en Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Ya en 2022 una corte de apelaciones restableció partes de una polémica ley electoral de Florida de 2021 que habían sido suspendidas en marzo por el mismo juez, quien consideró que eran inconstitucionales y de esta forma les dio la razón a varias organizaciones que interpusieron la querella.
Se prevé que el estado de Florida apele ahora la decisión del magistrado Walker ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito federal, con sede en Atlanta (Georgia), como ya hizo en el caso citado.
El juez Walker ha sido muy crítico con las leyes electorales de Florida en cuanto a su objetivo y logro de la supresión de votantes.
Unos 200 proyectos de ley aprobados este año por el Congreso estatal, de mayoría republicana, empezaron a regir el pasado 1 de julio, entre ellos algunos de talante ultraconservador.
La oposición demócrata alega que forman parte de la “agenda política” de DeSantis de cara a las primarias republicanas de las que saldrá el nominado por este partido para las presidenciales de 2024.
En meses recientes, varias organizaciones proinmigrantes y de derechos humanos emitieron “avisos de viaje” para aquellas minorías, inmigrantes y al colectivo LGBTQ+ que planean viajar a Florida, debido a leyes aprobadas que, en su opinión, son hostiles y restrictivas.
La organización Equality Florida, de la comunidad LGTBQ, advirtió a quienes piensen viajar o asentarse en este estado que hay leyes y políticas vigentes, o en camino de serlo, que suponen “un grave riesgo” para su salud y seguridad.
El “aviso de viaje” de Equality Florida es similar a uno lanzado previamente por la mayor organización de la comunidad afroamericana, la NAACP, o la Coalición de Inmigrantes de Florida. Miami (EFE)
