El Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie) demandó al gobierno del presidente Lenín Moreno, asumir la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza durante las recientes protestas que dejaron un saldo preliminar de 10 muertos, así como cientos de heridos y detenidos.
“De los crímenes de Estado no hay retorno ni perdón”, acotó la Confederación, tras acordar mantener el nexo con las Naciones Unidas-Ecuador y exigir al gobierno condiciones políticas y garantías de respeto a los derechos consagrados en la Constitución y en los acuerdos internacionales.
Luego de la reunión a puerta cerrada, que por más de ocho horas llevaron a cabo la víspera, encabezada por su presidente Jaime Vargas, las comunidades indígenas pidieron al gobierno que “asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, que han ocasionado fallecidos, heridos, detenciones, persecución y criminalización de la protesta social”.
En este contexto, demandaron la liberación de todos los compañeros detenidos y procesados, la reparación integral a las víctimas, el cese inmediato de la persecución política, así como la no judicialización, ataques y calumnias a los dirigentes del movimiento indígena en su conjunto.
Ello, en consecuencia, a los principios de responsabilidad, honestidad y transparencia en el proceso de diálogo el cual debe ser público, agregaron en un comunicado entregado a medios de comunicación y posteriormente publicado en redes sociales.
Los líderes indígenas convocaron también a las distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana, a la conformación del Parlamento de los Pueblos que construirá, a través de una minga (trabajo colectivo) plurinacional, un proyecto del nuevo modelo económico que evite un nuevo “paquetazo”, contra el pueblo.
“Esta propuesta será participativa y dinámica de los territorios a través de la comunicación o conformación de asambleas populares”, expresaron, al tiempo que determinaron llevar a cabo acciones legales contra el Estado ecuatoriano ante instancias nacionales e internacionales.
Lo anterior, por la violación sistemática de derechos humanos que produjeron muertes, heridos de gravedad y detenciones arbitrarias en el paro nacional que se prolongó durante 11 días.
“Nos mantenemos firmes en la exigencia de renuncia de los ministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, quienes son los directos responsables de la masacre perpetrada con nuestro pueblo contra nuestro pueblo”, añadieron.
De igual forma, rechazaron el proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, la Optimización del Gasto Tributario, además de todo tipo de presiones derivadas de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para favorecer la clase dominante empresarial en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La posición de la Conaie, se suma al rechazo de la Confederación de Nacionalidades indígenas de la Amazonia del Ecuador (Confeniae), en torno a las declaraciones del ministro de defensa Oswaldo Jarrin, en el sentido de que durante las recientes protestas, las universidades son “centros logísticos de abastecimiento para las acciones vandálicas”.
Mediante un comunicado, titulado "¡Basta de persecución por parte del Ministro Jarrin!", los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) también rechazaron esas afirmaciones y dejaron claro que su lucha fue en apoyo a las comunidades indígenas y contra del Decreto 883.
En este marco, la Defensoría Pueblo confirmó que asciende a 10 los fallecidos en las jornadas de protestas registradas del 3 al 13 de octubre, contra el Decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles y que finalmente fue derogado. Quito (NOTIMEX)
