Por Alexander ZAPATA
En los últimos meses se reportó una disminución de las denuncias de crímenes, incluida la violencia doméstica así como la reducción en la actividad económica, servicios de salud, transporte y beneficios públicos por parte de familias inmigrantes, refiere el reporte acelerando la Maquinaria de Deportación del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
La organización de expertos independientes, tras un estudio realizado en comunidades hispanas en EEUU, determinó que pese a que los índices de detenciones y deportaciones aun no se encuentran en los picos históricos registrados en los primeros meses de la gestión de Barack Obama, la combinación de un discurso violento y una nueva política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, ha sembrado el miedo en las comunidades inmigrantes.
El documento destaca que por temor la población inmigrante ha dejado de participar en actividades escolares, religiosas y colectivas, incluso muchos han manifestado que han dejado de manejar sus vehículos para evitar ser detenidos por infracciones de tránsito, pues en los últimos meses aumentaron los arrestos de personas extranjeros no criminales y transeúntes, en vecindarios, juzgados y espacios públicos.
Según el informe, ICE intensificó durante el año fiscal 2017 sus operaciones, arrestando a unas 40 mil personas en sus residencias o en la comunidad, cantidad que se asemeja a los años pico.
Menciona además que los primeros ocho meses del actual Gobierno los arrestos y deportaciones aumentaron en 40% en comparación al mismo período de 2016, lo que se traduce en una aceleración de la maquinaria de control de inmigración en EEUU. No obstante, el Instituto subraya que esta acción se ha visto limitada en California y ciudades como Chicago, Nueva York, Boston y Seattle (ciudades santuarios) por lo que el resultado en estas localidades impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueda conseguir un record en el cumplimiento de su agenda de reducción de la migración ilegal.
El documento del MPI detalla que entre enero y septiembre de 2017, ICE ejecutó 110.568 arrestos en contraparte de las 77 mil 866 detenciones de inmigrantes que se efectuaron en 2016. Destacan además que el 90% de los detenidos son hombres y cerca de 87% son provenientes de México y de otros países centroamericanos.
El estudio se fundamenta en los datos de ICE durante el año fiscal 2017, así como en entrevistas realizadas a más de 120 funcionarios senior de la oficina de campo de esta institución migratoria, policías estatales y locales en 15 lugares. También el informe recoge la impresión de gobernantes, defensores de derechos de los inmigrantes, exjueces de inmigración, líderes comunitarios y funcionarios consulares.
LAS BARRERAS: CIUDADES SANTUARIOS Y CONOCIMIENTO DE DERECHOS
De acuerdo al informe de la mencionada organización no partidista y sin fines de lucro ubicada en Washington, uno de las principales obstáculos que ha tenido la administración de Trump para la aplicación de sus políticas migratorias ha sido las llamadas Ciudades Santuario, puesto que la acción de ICE depende de la aplicación de la ley estatal y local para identificar a indocumentados para su posible deportación.
Sin embargo, más allá de las políticas de estas ciudades, en algunas localidades están cambiando sus prácticas policiales para reducir las detenciones de indocumentados no criminales. Sumado a esto, las organizaciones defensoras de los inmigrantes han reforzado su acción en educar a estas comunidades para que conozcan sus derechos y le enseñan a las personas que no siempre deben abrir sus puertas a ICE.
Cabe mencionar que muchas ciudades y consulados han aumentado los fondos destinados a la representación legal de los inmigrantes y muchas asociaciones se han movilizado para monitorear las operaciones de ICE y crear los mecanismos para atender a sus seres queridos en caso de arrestos.
SURGEN LUCES LEGALES
Con respecto a este tema, en días recientes cuatro senadores demócratas presentaron un proyecto de ley para limitar la capacidad de los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza para interrogar a pasajeros de trenes y autobuses sobre su estatus migratorio, reseñó el portal de noticias de Telemundo.
La iniciativa fue bautizada como Department of Homeland Security Accountability and Transparency Act, y establece la obligatoriedad de que los agentes guarden la información detallada de la persona a la que interrogan y que expliquen el motivo de la parada. En la actualidad, estos funcionarios solo están obligados a hacerlo si usan la fuerza o si llevan a cabo un arresto, explicó la senadora Kirsten Gillibrand.
En teoría, la Patrulla Fronteriza detiene a los inmigrantes indocumentados que tratan de entrar a Estados Unidos de forma irregular, mientras que ICE se encarga de aquellos que ya lo han logrado y viven sin documentos en ciudades y pueblos de todo el país.
La ley federal permite a los patrulleros interrogar sobre su estatus migratorio a cualquier persona que esté a menos de 100 millas de la frontera (lo que incluye el mar). Hay 11 estados cuyo territorio cae parcial o totalmente dentro de esos límites y cerca de 200 millones de estadounidenses viven en esas zonas.
La norma obliga a los agentes tener una “sospecha razonable”, pero el Departamento de Seguridad Interior no facilita información sobre cuáles son los argumentos para hacerlo, o cuántas paradas se ejecutan.
Vídeos publicados en las redes sociales encendieron el debate hace unos meses sobre la posibilidad de que esta práctica violara la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de actuaciones excesivas.
