Por Elliot SPAGAT
Añejos edificios residenciales y casas pequeñas flanquean las calles en el centro de Escondido, donde vive la mayoría de la población hispana de la ciudad. Desde hace tiempo la población blanca se ha mudado a las afueras, donde abundan las casas grandes y las calles bien pavimentadas.
El barrio hispano debería ser considerado el centro del poder político de los hispanos, pero a pesar de que comprenden casi la mitad de los 148 mil habitantes, no han logrado tal influencia.
A medida que los latinos superan a los blancos como el mayor grupo étnico o racial de California, más latinos están siendo elegidos en cargos públicos como por ejemplo los alcaldes de Los Ángeles y Sacramento, o congresistas, vicegobernadores y el presidente de la legislatura estatal.
Pero Escondido es una excepción: es una de unas cuantas poblaciones de mayoría hispana que sin embargo no ha elegido a un hispano a un cargo de liderazgo.
Escondido, un suburbio a las afueras de San Diego con 125 años de historia, no eligió a un representante hispano al concejo municipal sino hasta el 2008, sin contar a Elmer Calderón en los años noventa, que restaba importancia a su ascendencia mexicana. La concejal Olga Díaz, hija de inmigrantes mexicanos, que aprendió inglés como segundo idioma, es candidata a alcalde para el año entrante.
Escondido modificó sus normas electorales y ahora permitirá las elecciones por distrito, tras ser objeto de una demanda, en base a la Ley Electoral de California, por no darle una oportunidad justa a la elección de hispanos. Otras ciudades —como Modesto, Anaheim, Compton, Palmdale, Whittier— han enfrentado dificultades similares. El barrio latino de Escondido es el Distrito Uno, cuya población de posibles votantes es ligeramente más de 50% latina y es considerada inclinada a votar por uno de los suyos.
Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO por sus siglas en inglés), enumeró las ciudades en California que han elegido a funcionarios latinos a cargos públicos y destacó que 27 de los 120 escaños en la legislatura estatal son ocupados por hispanos, comparado con siete en 1984.
Sin embargo, hay una desproporción de latinos que carecen de permiso para votar, ya sea porque aún no han llegado a la edad mínima o porque no son ciudadanos estadounidenses, comentó Vargas. Las ciudades de gran población latina suelen tener otros grupos étnicos que se sienten incómodos con las transformaciones demográficas, expresó.
Los hispanos comprenden el 33% de la población adulta pero sólo el 17% de los probables votantes, según el Instituto de Política Pública de California. Tienden a ser jóvenes, menos educados, de menos recursos económicos y votan por los demócratas. Los blancos comprenden el 44% de la población adulta pero ostentan el 62% de los votantes probables.
José Fragozo, quien se mudó a San Diego desde Mexicali a los 12 años de edad, dice que fue gracias a una reforma electoral que pudo lograr un escaño en la junta escolar del distrito tras ser derrotado dos veces. Recabó sólo 3.000 dólares y tocó la puerta de cada casa en su distrito, donde los carteles en los centros comerciales e iglesias suelen ser bilingües y algunas calles residenciales están sin aceras y sin postes de luz.
“Al fin tuve el dinero suficiente para hacer un folleto y repartirlo de puerta en puerta”, dijo Fragozo, de 48 años, expresando el mismo argumento que muchas personas partidarias de las elecciones por distrito.
La concejal Díaz, de 37 años, se postuló inicialmente en el 2006, molesta por la ordenanzas que le exigía a los propietarios de edificios revisar el status migratorio de los inquilinos. En una álgida asamblea con líderes locales, se acercó al micrófono y les dijo que estaban “locos” y que son “incompetentes o mal intencionados”
Un juez federal luego bloqueó la ordenanza antes de que pudiera ser aplicada.
Díaz, una demócrata en una ciudad de mayoría republicana, perdió pero dos años después ganó gracias a que su nombre era más conocido, reinaba el entusiasmo por la candidatura de Barack Obama y era propietaria de dos restaurantes.
“Me conocían lo suficiente para saber que no había nada que temer”, apuntó Díaz, quien está casada con un policía de raza blanca aunque decidió no cambiarse de apellido.
Díaz, quien fue reelegida con facilidad el año pasado, con frecuencia pierde las votaciones legislativas y no ha conseguido apoyo alguno para sus propuestas como la de remozar la cuenca que cruza los barrios hispanos, o la de darle exenciones a los veteranos de guerra para que no tengan pagar por licencias para remodelar sus viviendas.
Los latinos comprendían 48,9% de la población de Escondido en el 2012 pero las relaciones permanecen tensas con el liderazgo municipal. La municipalidad ha confiscado miles de vehículos en los cruces fronterizos, muchos de ellos propiedad de personas que no están autorizados a tener licencias de conducir porque están ilegalmente en Estados Unidos.
En el 2010, la ciudad forjó una inusual alianza con el Servicio de Inmigración y Aduanas, que ha desplegado agentes en los cuarteles policiales para revisar el status migratorio de las personas que han sido detenidas para ser interrogadas. En el 2011, la ciudad empezó a obligar a sus contratistas a usar una base de datos federal para verificar que todo empleado esté autorizado para trabajar en Estados Unidos.
El alcalde Sam Abed, un inmigrante libanés quien se está postulando a la reelección y competirá contra Díaz, apoya los esfuerzos de la ciudad de poner fin a la inmigración ilegal. Uno de sus materiales de campaña muestra a un grupo de personas cruzando una carretera a toda prisa — aparentemente tras entrar en el país sin autorización — y procalama que Abed es el único candidato capaz de hacer cumplir las leyes.
“Es una cuestión de calidad de vida, de prosperidad, de seguridad pública para todo el mundo” dijo Abed, de 62 años y quien esté retirado tras trabajar como gerente para IBM.
Abed dijo que no hay más funcionarios hispanos en Escondido porque los que se han postulado como candidatos son demasiado liberales para la población en general, en una ciudad donde los republicanos superan por 14 puntos a los demócratas en cuanto al registro electoral.
Julio Díaz, quien trabaja en un vivero y no es familia de la concejal, no puede votar porque está en el país ilegalmente. Se mudó a Escondido hace 10 años para unirse a sus padres, quienes fueron deportados al ser detenidos en un control vial en el 2010.
Díaz, de 33 años, ha tratado de convencer a tres amigos suyos que voten por candidatos al concejo municipal que pondrán fin a los controles viales y otras políticas que él perjudiciales para los inmigrantes, pero ellos se niegan.
“Ellos me responden ‘¿para qué? No vamos a lograr nada’’’, dice Díaz. ESCONDIDO, California, EE.UU. (AP)
