El capitán guatemalteco Byron Lima Oliva, en prisión desde hace 17 años condenado por la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi, reiteró su inocencia y pidió al Papa Francisco que revise su caso.
En entrevista con Notimex en un salón aislado de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes, municipio próximo a la ciudad de Guatemala, el reo afirmó que es víctima de una injusticia que lo ha privado de la libertad "por largos años".
Afirmó que no mató al obispo Juan Gerardi y que el 26 de abril de 1998, cuando ocurrió el crimen que conmovió a todo el país, se encontraba de comisión militar en Argentina.
"Nos condenaron sin pruebas, era un caso político en el que tenía que haber castigo y condenas contra los militares", indicó en alusión al polémico y accidentado proceso que culminó el 7 de junio de 2001.
Fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial el coronel Byron Lima Estrada y su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, así como el sargento Obdulio Villanueva y el sacerdote Mario Orantes.
Villanueva murió decapitado por pandilleros durante un motín carcelario, mientras que el coronel Lima Estrada y el padre Orantes -acusado de complicidad- obtuvieron el beneficio de la reducción de penas por buena conducta y recuperaron su libertad en 2013.
El capitán Lima Oliva dijo que ha sido "satanizado" en las "leyendas urbanas", por lo cual no ha sido escuchado y en cambio es fustigado por la opinión pública guatemalteca.
Aseveró que ha pasado 17 años en prisión injustamente, como consecuencia de la presión de la comunidad internacional y el "comunismo" contra las autoridades y la justicia guatemalteca.
El reo, cuyo liderazgo en la granja penal Pavón es indiscutible y se mueve protegido por seguidores y una custodia especial de presidiarios, ha solicitado salir de prisión por buen comportamiento y labor social, pero se le ha negado el beneficio.
De acuerdo con autoridades del Sistema Penitenciario, es un reo peligroso, en tanto que el Ministerio Público y la misión de Naciones Unidas que colabora en la lucha contra el crimen organizado, estiman que desde prisión dirige a grupos de la delincuencia.
Lima Oliva afirmó que el Ejército "ganó la guerra militar" a la guerrilla izquierdista, pero "perdió la contienda política" y luego de la firma de los acuerdos de paz del 29 de diciembre de 1996, el comunismo guatemalteco enfiló sus baterías contra los militares.
Ratificó su papel de víctima de esa contraofensiva del comunismo, los organismos no gubernamentales humanitarios y, principalmente, de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado (Odha) de Guatemala.
Aseveró que junto con el coronel Lima Estrada y Villanueva fueron sentenciados sin pruebas y "por un delito que ni siquiera existe en el Código Penal de Guatemala, el de coautoría en ejecución extrajudicial".
El capitán retirado resaltó que a propósito de la visita del Papa Francisco al estado de Chiapas, México, el próximo lunes le hará llegar una carta, que no reveló quien la portará, para que "ponga oídos al caso de Byron Lima Oliva".
Abogó además por una visita pastoral del santo padre a Guatemala para que conozca la vida de la población que sufre y que "vea de cerca la situación de los reos en prisiones donde se padece hacinamiento, violencia, abusos y corrupción de las autoridades".
Juan Gerard, quien era uno de los más importantes defensores de los derechos humanos, fue ultimado a golpes con una barra de concreto la noche del 26 de abril de 1998 en el garaje de la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián.
Gerardi, el "obispo mártir", quien contaba con 76 años de edad, oficiaba en la parroquia en que murió, con el padre Orantes como asistente, ubicada a unas calles de la Casa Presidencial, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala.
El obispo era cercano a las comunidades indígenas que sufrieron con mayor fuerza la violencia del conflicto armado interno que se prolongó de 1960 a 1996 y causó 200 mil muertos y desaparecidos y el desplazamiento de un millón de personas del área rural.
El ataque fue atribuido a los tres militares de la extinta guardia presidencial, asignados a la protección del entonces presidente Álvaro Arzú (1996-2000) y su familia.
El atentado, el más grave en la época de posguerra de Guatemala, ocurrió dos días después de que Gerardi presentó el Informe Interdiocesano "Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala, Nunca Más".
El informe coordinado por Gerardi como titular de la Odha responsabilizó al Ejército de la mayoría de las víctimas y de atrocidades contra la población civil no combatiente, principalmente poblaciones indígenas.
La jerarquía católica y las organizaciones de derechos humanos de Guatemala demandan conocer a los autores intelectuales y los motivos de la ejecución extrajudicial del obispo Gerardi, aspectos que no fueron esclarecidos en el juicio. Guatemala (NOTIMEX)
