Por Juergen BAETZ
Hay una importante razón por la que Estados Unidos tiene una carestía tan aguda de drogas usadas en las ejecuciones, hasta el punto que algunos estados consideran soluciones como el fusilamiento y las cámaras de gas: Europa no permite que esas drogas sean exportadas debido a su oposición acérrima a la pena capital.
La situación comenzó hace nueve años cuando el bloque prohibió la exportación de productos usados en las ejecuciones, mencionando su objetivo de ser el “actor institucional puntero y el mayor donante en la lucha contra la pena de muerte”. El reforzamiento de esas normas europeas tuvo consecuencias especialmente en Estados Unidos, con una carestía crónica y donde las ejecuciones cruentas llaman la atención de los medios informativos.
El mes pasado en Ohio, Dennis McGuire tardó 26 minutos en morir después que una mezcla de productos químicos que no había sido probada antes comenzó a fluir por sus venas, dando repetidas bocanadas mientras yacía atado en la camilla. El 9 de enero, las últimas palabras del recluso de Oklahoma Michael Lee Wilson fueron: “Siento que arde todo mi cuerpo”.
El dilema volvió a acaparar la atención del público esta semana cuando una farmacia de Oklahoma acordó no suministrar una droga usada en las ejecuciones del Departamento de Prisiones de Missouri para una próxima inyección letal. El condenado Michael Taylor había mantenido en una demanda judicial que ejecuciones recientes con la droga pentobarbital seguramente causarían un “dolor inhumano”, y antes de la audiencia fijada para el martes 18, la farmacia The Apothecary Shoppe anunció que no entregaría la droga.
Las naciones de la UE son famosas por diferir en casi todo cuando se trata de una política común, pero todas ellas concuerdan enérgicamente —y con orgullo— en algo: abolir la pena capital.
Europa vio cómo regímenes totalitarios abusaron de la pena de muerte hasta el siglo XX, y la opinión pública en el bloque se opone tajantemente a ella.
La decidida posición de la UE en este asunto ha producido un juego del gato y el ratón, y los departamentos de prisiones de Estados Unidos buscan la forma de suministrar inyecciones letales, pero se topan al mismo tiempo con limitaciones exportadoras de esos productos en cuestión de meses.
“Nuestra tarea política es defender la abolición de la pena de muerte, no facilitar su realización”, dijo Barba Lochbihler, presidenta del subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo. BRUSELAS, Bélgica (AP)
