El gobierno de Estados Unidos separó en cuatro meses a más de seis mil familias de migrantes que cruzaron sin documentos la frontera sur, lo que duplica la cifra aceptada previamente por las autoridades de este país, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI).
En un informe emitido este jueves, el organismo civil indicó que las políticas migratorias del presidente estadunidense Donald Trump, que incluyen negación de asilo, detención indefinida y separación de familias “han causado un daño catastrófico a miles de personas que buscan seguridad en Estados Unidos”.
Titulado “Tú no tienes ningún derecho aquí: expulsiones ilegales en frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos”, el texto analiza el precio de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para debilitar y desmantelar el sistema de asilo.
Estos esfuerzos por socavar el sistema de asilo de Estados Unidos, además, son contrarios al derecho internacional, precisó AI.
“La administración Trump está llevando a cabo una campaña deliberada de violaciones generalizadas de derechos humanos para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, y disuadirlas”, dijo Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Señaló que “la intensidad escala y el alcance de los abusos contra quienes buscan asilo es realmente indignante. El Congreso y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos deben realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales” para evitar estos abusos.
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018 se habían separado forzosamente a más de seis mil “unidades familiares”, un término que se refiere tanto a familias enteras como a miembros individuales de una familia.
La CBP confirmó que esta cifra seguía excluyendo un número no revelado de familias cuyas separaciones no se registraron debidamente, como en los casos de abuelos y abuelas o de otros miembros de la familia no inmediata cuyas relaciones las autoridades clasifican de “fraudulentas”.
En total, la administración Trump ha reconocido ahora que ha separado aproximadamente a ocho mil unidades familiares desde 2017.
“Estas escandalosas nuevas cifras indican que las autoridades estadunidenses informaron mal a la opinión pública del número de familias a las que había separado o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaraciones y de las órdenes judiciales”, afirmó Guevara Rosas.
La representante instó al Congreso a actuar de inmediato para investigar y establecer un registro exhaustivo de separaciones familiares realizadas por las autoridades estadunidenses, y a aprobar una ley que prohíba la separación y detención indefinida de menores de edad y familias.
AI ha establecido que el sufrimiento extremo que las autoridades estadunidenses han infligido deliberadamente al separar familias constituye malos tratos y, en algunos casos, tortura.
En su informe, el organismo entrevistó a 15 padres, madres y tutores separados de sus hijos e hijas por las autoridades en Estados Unidos. Esas separaciones familiares causaron angustia extrema y, en algunos casos, traumas a largo plazo a personas adultas y niños y niñas por igual.
Además de las separaciones, AI denunció que Estados Unidos aplica una política de facto de devolver a miles de personas que buscan asilo en cruces oficiales situados a lo largo de toda la frontera con México, lo que viola el derecho internacional.
“Las autoridades fronterizas estadunidenses están violando flagrantemente la legislación sobre asilo de Estados Unidos y el derecho internacional de refugiados al devolver a personas a México sin inscribirlas ni estudiar su solicitud de asilo”, apuntó Guevara Rosas.
Añadió que las personas devueltas a México podrían ser objeto de abusos directos allí o ser expulsadas y correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en su país de origen.
Además, desde 2017, las autoridades de Estados Unidos aplican también una política de detención obligatoria e indefinida de solicitantes de asilo, a menudo sin libertad condicional, durante la tramitación de sus solicitudes, lo que viola la legislación estadunidense y el derecho internacional. Nueva York (NOTIMEX)
