El Tribunal Supremo de Estados Unidos escucha argumentos en el caso de un acusado en el asalto del Congreso del 6 de enero de 2021, cuya adjudicación también podría afectar a uno de los juicios que asedian al ex presidente Donald Trump.
Joseph Fischer, un ex policía de Pensilvania, es uno de los más de 300 individuos acusados por el gobierno por la obstrucción de un procedimiento oficial, junto con otros delitos, cuando una multitud ingresó violentamente al Capitolio para interrumpir el proceso de formalización de la victoria electoral del presidente demócrata Joe Biden.
Los asaltantes, incitados por Trump, interrumpieron temporalmente el trámite formal de certificación del resultado de la elección presidencial de noviembre de 2020 en la cual el demócrata Joe Biden resultó ganador.
El Departamento de Justicia, que alega que la presencia no autorizada de Fischer dentro del edificio del capitolio impidió la certificación del resultado electoral, ha obtenido condenas o admisiones de culpa para más de 150 participantes de la asonada.
El procurador especial Jack Smith, quien lleva a cabo la investigación de la responsabilidad de Trump en la asonada, ha incluido la obstrucción de un procedimiento oficial entre los cuatro cargos que pesan sobre el ahora virtual candidato presidencial republicano.
Fischer alega que la interpretación que el gobierno hace de la ley es demasiado amplia y sin precedentes, y sostiene que la cláusula acerca de la obstrucción de un trámite oficial debe aplicarse sólo a la destrucción o adulteración de pruebas en casos de delitos financieros a los que se refería originalmente la ley.
Esa legislación, conocida como Ley Sarbanes-Oxley y promulgada en 2002, fue la respuesta al escándalo financiero y contable de la empresa de energía Enron cuyos ejecutivos fueron acusados de fraude. La firma terminó en la bancarrota.
Hasta ahora 14 de los 15 jueces federales en el Distrito de Columbia que han ponderado casos que involucran a participantes en el asalto, acusados por obstrucción de un trámite oficial, han permitido la aplicación de esa legislación.
La fiscalía ha indicado que antes del ataque al Capitolio, Fischer había enviado mensajes digitales en los cuales dijo a sus conocidos que los miembros del Congreso “no pueden votar si no respiran”, y que quizá necesitaría que su jefe de policía “pagara la fianza porque puede haber violencia”.
Asimismo la fiscalía sostiene que Fischer incitó a otros asaltantes para que “cargaran y sostuvieran la línea”, y que fue parte de la muchedumbre que empujó a la policía del Capitolio.
Fischer alega que él llegó al Capitolio después de que la sesión conjunta del Congreso, que debía certificar el escrutinio electoral, había ido en receso, y que estuvo adentro del edificio sólo por unos minutos. Washington (EFE)
