Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuatro mil millones de dólares para financiamiento, generó en Ecuador el llamado “Paquetazo”, que incluye futuras reformas económicas y el retiro del subsidios a combustibles por parte del presidente Lenin Moreno, lo que desató protestas sociales y caos donde no se advierte una salida negociada.
El problema en Ecuador es bastante grave, no se va a solucionar de inmediato porque la gente está decidida a cualquier cosa y el gobierno no da marcha atrás, señaló el periodista y director general del portal web confirmado.net, Marco Antonio Bravo Segovia.
En Ecuador las actividades estratégicas están suspendidas desde hace varios días y este miércoles iniciará la huelga general a la que podrían sumarse 100 mil personas a la paralización total, lo que genera un panorama impredecible, en el que cualquier cosa puede suceder, subrayó.
Quito está prácticamente paralizado, indicó Bravo Segovia, el alcalde de la ciudad decretó la emergencia y casi todas las instituciones públicas están cerradas: la Asamblea Nacional, la fiscalía, la judicatura y todas las entidades gubernamentales y estatales se han cerrado, no hay servicio de transporte.
Decreto de Moreno encendió protestas
La huelga nacional fue convocada para iniciar este miércoles 9 de octubre por los trabajadores, estudiantes y sectores sociales, a la que se sumarán los amplios grupos indígenas, que rechazan el decreto del presidente Moreno que emitió el 1 de octubre y que entró en vigor el 3 de octubre, con el que cancela los subsidios a las gasolinas y el diésel, entre otras medidas.
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) del país detalló que a partir del pasado jueves 3, las gasolinas extra y ecopaís pasaron de 1.85 a 2.39 dólares por galón; en tanto que el diésel subió de 1.03 a 2.29 dólares por galón, lo que equivale a un incremento de 123 por ciento.
De inmediato iniciaron las protestas con un paro de labores de la federación de transporte, al que se sumaron otras organizaciones, que inmovilizaron al país con bloqueos en calles, avenidas y autopistas, donde los inconformes atravesaron vehículos y quemaron llantas.
A las movilizaciones se agregaron organizaciones de transporte de pasajeros, escolares, turismo, taxistas, camiones institucionales y grúas, afectando entidades como Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la capital de Ecuador anunció la cancelación de vuelos.
Ese mismo día se dispuso el Estado de Excepción, que anunció el presidente ecuatoriano en su cuenta de Twiter: “He dispuesto el Estado de Excepción para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley”.
Además, anunció la suspensión de clases en las escuelas del país, ante la falta de transporte para llevarlos a los centros educativos y a los trabajos.
Al día siguiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza de la policía de Ecuador contra los manifestantes, “como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales”.
“Seguimos con preocupación, la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos", escribió ese viernes la Comisión en Twitter. A la denuncia se sumó la Cruz Roja de Ecuador al reprobar las "agresiones" contra el personal humanitario que brindaba atención médica.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, advirtió ese mismo día 4, que mantiene su decisión de eliminar el subsidio a los combustibles y argumentó que el subsidio es nocivo para la economía ecuatoriana, ya que unos 60 mil millones de dólares se han usado para los subsidios durante años, por lo que ahora ese dinero se destinará a sectores como seguridad y educación.
En tanto, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) anunció el levantamiento del paro, tras dos jornadas de protestas que dejaron a miles de ecuatorianos sin servicio y se deslindó de los actos vandálicos ocurridos.
Al día siguiente, el sábado 5 de octubre, el gobierno ecuatoriano dio a conocer que los municipios del país podrán incrementar la tarifa de autobús entre cinco y 10 centavos de dólar por la "actualización de costos".
El movimiento indígena
Ante la medida, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) indicó que continuará su paro por tiempo indefinido contra la inminente alza de pasajes, que afecta los bolsillos de todos los ecuatorianos, mientras el gobierno condona deudas a los ricos y cede ante las presiones del FMI.
El gobierno de Moreno se comprometió con el FMI también a enviar leyes a la Asamblea Nacional para realizar una reforma laboral, reformas tributarias y posible reducción del salario a los servidores públicos, entre otras.
"El Paro Nacional toma mayor fuerza en vista que el gobierno está sordo. Iremos a Quito, y de ser necesario, tomaremos la Asamblea de Ecuador y la presidencia", escribió en Twitter la dirigencia del movimiento indígena.
Desde entonces, las comunidades indígenas marcharon, y ya tomaron Quito, para sumarse este miércoles a la huelga nacional convocada por sindicatos y movimientos sociales y a su paso han tomado pozos petroleros de la Amazonia y exigen también dejar en libertad a 350 detenidos por ejercer su derecho a la resistencia.
En tanto, el gobierno ecuatoriano decidió trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, a 421.8 kilómetros de distancia, ante las movilizaciones que consideró "tienen una intención política organizada" que pretende "romper el orden democrático".
En mensaje en cadena nacional, el mandatario acusó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de activar “su plan de desestabilización" y un "intento de golpe de Estado".
El expresidente Rafael Correa respondió a su vez en un video que ahí no hay golpismo, porque nunca hubo necesidad de un paquetazo. No ha caído el precio del petróleo. No ha habido ningún desastre natural. “Es pura corrupción e ineptitud”, aseveró.
Escalan las reivindicaciones
El periodista Bravo Segovia indicó que más allá de echar atrás el paquetazo, que es una exigencia de todos los manifestantes, el tema va mucho más allá, es una rectificación política, porque ahora también la demanda es que se vaya el presidente Lenín Moreno.
Esto es una escalada de reivindicaciones políticas fuertes por parte de la comunidad ecuatoriana, pero por ahora, sin lugar a dudas, tendría que emprender el gobierno esta retirada o tendría que irse a su casa, como han dicho los que están al frente de estas movilizaciones, puntualizó el director general del sitio informativo ecuatoriano confirmado.net.
El martes 8 de octubre, mientras la Corte ecuatoriana redujo el Estado de Excepción de 60 a 30 días, el gobierno federal decretó el “Toque de queda” de entre las 20:00 horas y las 05:00 horas en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas, como edificios del Estado y las fuerzas armadas durante el Estado de excepción.
El día miércoles 9 de octubre inició la huelga nacional, entre una protesta social que sigue escalando el nivel crítico, en la que se cuentan ya dos muertos, varios heridos y más de 500 detenidos, y la posición del gobierno de Lenín Moreno que mantiene inamovible su decisión de seguir con las reformas. Quito (NOTIMEX)
