Autoridades estadunidenses cuestionaron la legalidad de la intercepción de más de dos millones de llamadas de sospechosos de narcotráfico en Los Ángeles, como parte de uno de los mayores operativos antidrogas de espionaje electrónico.
Las reservas sobre la legalidad de estas intervenciones son tales que el Departamento de Justicia ha rehusado llevar ante cortes federales los casos armados con evidencias obtenidas a partir de la intercepción de llamadas telefónicas y otras comunicaciones electrónicas, según el diario USAToday.
Ello se debe a que los requerimientos para que un juez otorgue una orden de intercepción son menos rigurosos a nivel estatal que federal, por lo que los fiscales federales temen que su legalidad podría ser cuestionada en una de estas últimas cortes.
La relativa facilidad con que las agencias policíacas, que conducen operaciones antidrogas en el condado de Riverside, pueden obtener estas órdenes ha quedado de relieve en el volumen de éstas.
El diario hizo notar que el número de órdenes de intercepción autorizadas tan sólo por un juez local en ese condado durante los pasados cuatro años fue casi cinco veces mayor al promedio de cualquier otro juez a través de Estados Unidos.
"Esos números y el tamaño de algunas de esas intercepciones son enormes. Son una luz roja para nosotros", dijo al diario Dave Maas, un investigador de la agrupación privada Fundación para la Barrera Electrónica.
Las intercepciones son parte de los esfuerzos de las autoridades para desmantelar las redes del narcotráfico que han convertido el área de Los Ángeles en el más activo corredor de trasiego de heroína y metanfetaminas del país, de acuerdo con la DEA.
Un reporte de la DEA, dado a conocer la semana pasada, ubicó a los cárteles mexicanos de las drogas como la mayor amenaza criminal para Estados Unidos debido a su dominio sobre la distribución de estupefacientes.
El reporte dio cuenta de la presencia en Estados Unidos del cártel de Sinaloa, el de los hermanos Beltrán Leyva, el Nueva Generación Jalisco, Los Cuinis, la Familia Michoacana o los Caballeros Templarios, los Zetas y el Cártel del Golfo.
De acuerdo con la DEA, estas organizaciones son responsables del contrabando y tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína y mariguana, conducido a través de rutas terrestres bien definidas y con redes de cómplices que tienen a su cargo la venta ilegal.
La agencia identificó a Filadelfia, Pensilvania; Boston, Massachusetts; Chicago, Illinois; y Los Ángeles, California, como importantes centros de distribución para estas organizaciones, aunque un mapa destaca el dominio del cártel de Sinaloa en esas plazas.
El diario indicó que en algunos casos la información y evidencia obtenida en las intervenciones de estas comunicaciones en el condado de Riverside ha permitido el arresto de sospechosos y el decomiso de drogas y dinero en estados distantes como Nueva York y Virginia. Washington (NOTIMEX)
