Por Scott SMITH
Seis meses atrás, una de las productoras de frutas más grande de los Estados Unidos realizó elecciones para decidir si sus empleados seguirían siendo representados por el sindicato United Farm Workers (Trabajadores Agrícolas Unidos), que obtuvo ese derecho hace dos décadas pero nunca llegó a negociar un convenio colectivo de trabajo.
Las papeletas, que todavía no han sido contadas por las autoridades y están guardadas en un sitio seguro, son el eje de una disputa entre el sindicato creado por el legendario líder César Chávez y Gerwan Farming, Inc., que emplea a más de 5.000 peones anualmente para atender y cosechar sus nectarinas, peras y ciruelas.
Chávez falleció hace tiempo, pero la batalla de WFW por conseguir un convenio sigue en marcha, trasladándose de los grandes huertos frutales del centro de California a los tribunales, en medio de denuncias de violación de las leyes laborales y de tácticas de intimidación.
En California, la región agrícola más productiva del país, los sindicatos han ganado más de 750 elecciones para representar a los trabajadores, según Philip Martin, experto en temas laborales del campo de la Universidad de California, Davis.
Pero negoció solo 350 convenios laborales, lo que implica que hay otras 400 operaciones agrícolas que probablemente se encuentren en la misma situación que Gerawan, según Martin.
En el sur del país, en sitios como Carolina del Norte, unas pocas granjas y procesadoras de alimentos se han sindicalizado en tiempos recientes, de acuerdo con David Zonderman, historiador de la Universidad Estatal de Carolina del Norte especializado en temas laborales. Agregó que la región es donde menos fuerza tiene al movimiento de defensa de los peones de campo.
“Puede ser Michigan, Main, Carolina del Norte o el norte de California”, declaró Zonderman. “Organizar a los trabajadores del campo es algo muy, muy difícil”.
Dan Gerawan, quien maneja el negocio de su familia en el centro de California y dice que paga sueldos más altos que nadie, sostiene que el sindicato y la junta laboral del estado se han confabulado para usar lo que considera una ley inconstitucional con el fin de asumir el control de su empresa y privar a sus empleados de su derecho a decidir si quieren ser representados o no.
Gerawan dijo que UFW le dio la espalda a los trabajadores durante 20 años, hasta que resurgió de la nada hace poco. “Ya no hay paz en el campo”, expresó. “¿Qué pecado cometimos que justifique esto?”.
El vicepresidente de UFW a nivel nacional Armando Elenes dijo que los peones agrícolas necesitan hoy más que nunca protección de abusos como sueldos bajos, exposición a pesticidas dañinos y el trabajo bajo fuertes calores.
Rechaza las afirmaciones de quienes dicen que lo único que quiere UFW es reafirmar su derecho a representar a los trabajadores pura y exclusivamente para ganar afiliados y aportes a sus arcas. “Esto no tiene nada que ver con el dinero”, aseguró. “Lo que queremos es mejorar las condiciones de los trabajadores”.
La disputa se remonta a 1992, en que UFW comenzó a representar a los trabajadores de Gerawan. Los dos bandos se reunieron una vez, sin ponerse de acuerdo en torno a un convenio.
Después de ese encuentro, dijo Elenes, los líderes del sindicato se dieron cuenta de que tenían delante de sí una empresa muy poderosa, opuesta a la sindicalización de sus empleados.
El sindicato logró en el 2002 la aprobación de una ley estatal que dispone una mediación si las partes no se ponen de acuerdo sobre un convenio. UFW puso a prueba la ley en tres granjas pequeñas de los condados de San Joaquín y Madera, sindicalizando a cientos de personas antes de apuntar sus cañones hacia Gerawan en el 2012.
Gerawan dijo que en las dos décadas que pasaron desde el primer encuentro no supo nada del sindicato.
“Ni una carta, ni una llamada telefónica, ni un fax, ni un correo electrónico... Absolutamente ningún contacto”, manifestó.
Elenes, por su parte, niega que el sindicato haya desaparecido, como afirma Gerawan.
En una nueva ronda de negociaciones realizada el año pasado, las partes se reunieron varias veces sin ponerse de acuerdo, hasta que UFW hizo uso de su derecho a pedir un mediador. Gerawan presentó una apelación en la que pone en “duda la validez constitucional” de un convenio ordenado por un mediador, diciendo que le impondría por la fuerza un sindicato a él y a sus empleados.
Elenes dijo que preferiría llegar a un acuerdo sobre un convenio y no tener que usar la mediación contemplada por la ley.
Silvia López, quien trabaja en la cosecha de duraznos desde hace 15 años en Gerawan, dice que está satisfecha con lo que gana y con las condiciones de trabajo. “Si no me tratasen bien, no me quedaría aquí ni un día”, expresó la mujer de 38 años.
Añadió que no quiere que UFW se lleve el 3% de su sueldo, el porcentaje que pagan los afiliados al sindicato. López encabezó una campaña de recolección de firmas para promover una votación en la que los trabajadores decidan si quiere seguir siendo representados por WFW. La votación se realizó el 5 de noviembre y López está convencida de que los trabajadores optaron por eliminar el sindicato.
Sila Shawyer, director de la oficina de Visalia de la Junta de Relaciones Laborales del Campo, dijo que los votos no han sido contados por denuncias de UFW de que capataces de Gerawan obligaron a los empleados a firmar la solicitud.
El funcionario negó que la junta apoye a UFW. Dijo que su oficina es independiente y simplemente cumple su deber de investigar posibles violaciones de los derechos de los trabajadores.
Gerawan, por su parte, dice que sus capataces no intimidaron a los empleados y que quiere que se cuenten los votos.
Severiano Salas, de 34 años, empleado de Gerawan y quien apoya el sindicato, dijo que las condiciones laborales mejoraron desde que volvió UFW. El hombre, quien lleva 15 años en la empresa, no tiene problema en aportar el 3% de su sueldo al sindicato.
“¿Qué le digo a mis hijos si no lo hago?”, preguntó. “Si no me defiendo, ¿con qué cara los miro?”. SANGER, California, EE.UU. (AP)
