La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció que ha logrado un acuerdo con el gobierno de EEUU para poner fin a varias demandas judiciales sobre la transferencia ilegal de fondos para la construcción del muro fronterizo iniciado en la Administración de Donald Trump (2017-2021).
El acuerdo logra la conciliación de varias querellas legales iniciadas en 2020.
Entre los demandantes figuran Sierra Club, Southern Border Communities Coalition, y más de una decena de estados encabezados por California y Nuevo México opuestos a la orden del gobierno republicano de Trump de desviar miles de millones de dólares asignados a la defensa para la construcción del muro fronterizo con México, después que el Congreso se negara a aprobar fondos para la barrera.
Cecillia Wang, subdirectora legal de ACLU y abogada en jefe de los casos de Sierra Club contra Estados Unidos, dijo que el acuerdo “establece una cierta responsabilidad” del gobierno estadounidense.
“Debe servir como recordatorio duradero de que las políticas gubernamentales impulsadas por la siembra del miedo en lugar de la creación de buenas políticas terminan dañando nuestros intereses”, añadió.
El acuerdo, cuyo monto no fue revelado, obliga a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a detener la construcción del muro en las áreas afectadas por las transferencias ilegales, con el fin de mitigar los daños a las comunidades y a la vida silvestre.
Igualmente, se pudo conocer, se han reservado fondos para mitigar los daños existentes a la vida silvestre, incluyendo las especies en peligro de extinción que sufrieron la destrucción o modificación de su hábitat.
Erick Meza, quien funge como coordinador de tierras de frontera de Sierra Club, dijo que “las reparaciones incluidas en la conciliación serán importantes para sanar las comunidades, los paisajes y los ecosistemas afectados por los actos imprudentes del gobierno anterior”.
Luego que el Congreso se negó a aprobar una partida para construir las partes del muro prometido en campaña, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera, que usó para de desviar unos 3 mil 800 millones de dólares asignados a la defensa. El presidente Joe Biden, como se sabe, eliminó en 2021 la mencionada emergencia.
Por su parte Ricky Garza, experimentado abogado de Southern Border Communities Coalition, advirtió que “esta lucha no ha terminado y al gobierno todavía le falta bastante para reconocer la humanidad y dignidad de todos los residentes de la frontera”. Los Ángeles (EFE)
