Activistas y trabajadores afectados por las grandes redadas que las autoridades de inmigración realizaron en 2019 esperan que el Gobierno del presidente, Joe Biden, "repare los daños" causados a las comunidades y a las familias de los indocumentados detenidos.
El pedido cobró auge tras el anuncio de la Administración demócrata de que no habrá más operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares de trabajo y que se enfocará más en evitar la explotación de estos trabajadores. Una política opuesta a la desarrollada en el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).
"Eliminar las redadas es un gran primer paso. Pero también necesitamos que el Gobierno Biden repare los daños causados por estas detenciones del 2019", advirtió a Efe Lorena Quiroz, directora de la Alianza de Inmigrantes para Justicia y Equidad (IAJE).
La activista aboga específicamente por los trabajadores indocumentados de siete procesadoras de alimentos que en agosto de 2019 fueron intervenidas por las autoridades migratorias en Misisipi y que se saldó con la detención de 680 indocumentados, considerado el mayor operativo migratorio en la última década en lugares de trabajo en Estados Unidos.
IAJE y una coalición de organizaciones de Misisipi piden al Gobierno de EE.UU. que otorgue una especie de Acción Diferida como la que tienen cientos de miles de "soñadores" para los trabajadores afectados, lo que les permitiría acceder a un permiso de trabajo.
"Esto ayudaría a muchos a poder salir del limbo en el que están", indicó Quiroz.
MORTON YA NO ES EL MISMO
Los defensores de los inmigrantes argumentan que estos permisos ayudarían a reactivar la economía de las pequeñas comunidades donde están ubicadas las procesadoras de alimentos golpeadas por las redadas.
Una de las comunidades afectadas por estas redadas fue Morton, una pequeña ciudad en el centro de Misisipi con cerca de 3.500 personas, según datos del Censo de 2020.
"Muchos de los que se quedaron no pudieron volver a trabajar porque el proceso en corte no se lo permite, y la están pasando muy difícil", relata a Efe Elizabeth Iraheta, una trabajadora de la procesadora de alimentos Koch Foods donde se realizó una de las redadas.
Dos años después del operativo la trabajadora considera que "la pesadilla no ha terminado".
Aunque su empleo no fue afectado por estar autorizada para trabajar en EE.UU., Iraheta cuenta que Lidia, una de sus mejores amigas, aún no ha podido superar las secuelas dejadas por la detención.
"Lidia no ha podido trabajar en estos dos años. Trata de ganarse la vida limpiando casas, pero eso no le alcanza", señaló Iraheta, que añadió que en la misma situación de desempleo están decenas de extrabajadores de Koch Foods.
Agrega que el proceso en la corte de inmigración de Lidia, madre de una niña de 14 años, está demorado y la fecha para presentarse en corte se la han cambiado varias veces.
Un hermano de Lidia prefirió regresar a Guatemala, de donde son oriundos, a seguir viviendo en los EE.UU. bajo la presión generada por la redada y una posible deportación.
UNA SEPARACIÓN PARA SIEMPRE
Las organizaciones harán llegar la petición para que se otorgue un permiso de trabajo para los afectados aprovechando los comentarios públicos que se deben realizar a los cambios anticipados por el Gobierno Biden esta semana.
"No podemos dejar que haya una víctima más de esta redada que destrozó familias como la de Edgar López", argumenta Quiroz.
El caso de López ha marcado la gran redada en Misisipi. El inmigrante fue detenido en el operativo realizado en una procesadora de pollo en la comunidad de Carthage, a unas 36 millas al norte de Morton.
Una deportación previa fue usada por las autoridades de ICE para no liberar a López, a pesar de que llevaba más de 22 años trabajando en las procesadoras de alimentos de esa área.
El inmigrante luchó por casi un año para evitar su expulsión pero fue deportado en julio de 2020 a Guatemala dejando en Estados Unidos a su esposa, hijos y nietos.
Sin poder aguantar la separación familiar, López emprendió camino de regreso a Misisipi en los primeros días de este año, pero el 22 de enero terminó baleado en la parte trasera de una camioneta junto con otros 18 migrantes en el norte de México a pocas millas del río Bravo, o río Grande, como se conoce en EE.UU.
Los cuerpos de los migrantes fueron quemados.
"No es justo que la vida de un hombre bueno que veía a Estados Unidos como su hogar termine de esta forma. Eso es lo que hace una política equivocada de inmigración", acotó Quiroz, al señalar que "es hora" de que se traten de corregir los daños causados por las redadas y las deportaciones. Los Ángeles (EFE)
