Las propuestas de ley incluyen destinar recursos a la defensa legal de inmigrantes que enfrenten órdenes de deportación, y una disposición que impida que las autoridades migratorias reciban colaboración de las policías locales en materia de deportaciones.
El objetivo es garantizar el debido proceso a todos los inmigrantes, el derecho a un defensor público para asesoría en migración y limitar el uso de recursos locales y estatales para deportaciones masivas.
Los legisladores argumentaron que las deportaciones tendrían un impacto devastador en el estado, que tiene miles de familias mixtas y una gigantesca fuerza de trabajo inmigrante, y atender al 68 por ciento de inmigrantes detenidos que no tienen acceso a un abogado, por lo que tienen cinco veces más posibilidades de ser deportados.
Otra propuesta busca crear y financiar centros regionales para dar asesoría legal y apoyo técnico a las oficinas de defensores públicos en temas migratorios.
Se estima que una inversión modesta en asistencia técnica a las oficinas de defensores públicos asegurará que los inmigrantes reciban un tratamiento adecuado bajo la ley y puedan elegir de manera informada.
Muchas veces, los migrantes detenidos aceptan acuerdos con la fiscalía sin entender las consecuencias migratorias.
“Con estas medidas estamos atendiendo a los más desprotegidos en el estado, y queremos enfocarlas a su protección, como debe corresponder a un estado progresista como California”, declaro el líder del Senado estatal, Kevin de Leon.
“Despues de las declaraciones irresponsables del presidente electo Trump, hay mucho temor, y como presidente del Senado de California, nuestro papel es proteger todos los derechos de nuestros inmigrantes”, sentenció.
De Leon, hijo de padres mexicanos y nacido en Los Ángeles, reconoció tener familiares indocumentados en el estado.
Las medidas fueron propuestas por De León en el Senado, Anthony Rendón de la Asamblea de California, y el líder de la bancada del Asia-Pacífico, Rob Bonta.
