Grupos de defensa de derechos humanos y organizaciones religiosas pidieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminar el cargo de “reingreso ilegal” para procesar a inmigrantes deportados que intentan reunirse con sus familias.
En una reciente carta a la procuradora general Loretta Lynch, la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), Human Rights Watch (HRW) y el Consejo Nacional de la Raza (NCLR) señalaron que “la persecución penal federal es una respuesta equivocada a la inmigración en la frontera suroeste”.
“Estos procesamientos no corresponden a ninguna de las prioridades del Departamento de Justicia respecto a la seguridad nacional, crimen violento, fraude financiero y casos para proteger a nuestras comunidades más vulnerables”, anotaron los firmantes.
Recordaron que la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un reporte en mayo pasado sobre la Operación Streamline, que envía a prisión a quien sea detenido tratando de reingresar a territorio estadunidense en forma ilegal.
Los grupos señalaron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “ha sido incapaz de demostrar” que estas detenciones hayan desalentado la inmigración indocumentada.
Advirtieron que la Operación Streamline “ha estado cargada de problemas” en materia de debido proceso, pues se ha determinado que la Patrulla Fronteriza procesa a solicitantes de asilo, lo que viola la Convención de Refugiados, de la que Estados Unidos es signatario.
Los cargos de entrada ilegal y de reingreso ilegal constituyen el delito con mayor número de acusaciones federales presentadas en los últimos años, señalaron los firmantes.
Las acusaciones por reingreso ilegal representan 48 por ciento del crecimiento de todas las condenas federales emitidas en las últimas dos décadas, señalaron las organizaciones.
“El Departamento de Justicia gasta incalculables cientos de millones de dólares cada año en el Servicio de Alguaciles y en camas de la Oficina de Prisiones para mantener retenidos a los inmigrantes procesados por entrada ilegal o reingreso, tanto antes del juicio y después de la sentencia”, expusieron.
Sin embargo, estas acciones judiciales no corresponden a ninguna de las prioridades del Departamento de Justicia, y conduce a una desproporcionada representación de latinos en el sistema carcelario nacional. Dallas (NOTIMEX)
