Con un sólido voto bipartidista de 68 sobre 32, y con el apoyo de todo el caucus demócrata y de 14 republicanos, el Senado federal aprobó un proyecto de reforma migratoria amplia que es histórico tanto por razones positivas como negativas.
Lo positivo: mantuvo la integridad de una larga y complicada vía a la legalización y eventual ciudadanía de millones de indocumentados que llenen los requisitos estipulados. A pesar del sinuoso camino a la residencia permanente y a la ciudadanía, los inmigrantes obtendrán permisos de trabajo, además de que podrán viajar y vivir sin la amenaza de la deportación a la vuelta de la esquina. La medida, asimismo, mejora significativamente aspectos del sistema migratorio.
La vía de 13 años a la ciudadanía será más acelerada para ciertos grupos, como DREAMers y trabajadores agrícolas. Ambos grupos podrán solicitar la residencia permanente al cabo de cinco años: los primeros si tienen título universitario o sirven en las Fuerzas Armadas, y los segundos si continúan trabajando en la agricultura.
No hay un tope de edad para los DREAMers al momento de iniciar su vía a la ciudadanía, y sus multas se reducen.
Más aún, el proyecto mejora aspectos de la reunificación familiar al permitir, por ejemplo, que quienes están aguardando su turno por una visa familiar o de trabajo puedan inmigrar dentro de un lapso de ocho años y no aguardar décadas lejos de sus familiares. Y los hijos y cónyuges de residentes permanentes pueden solicitar la residencia sin espera.
Incluso la medida crea una Visa W para indocumentados que buscan empleo en industrias excluidas de los actuales programas de visas.
Pero como en todo lenguaje de consenso, también hay aspectos negativos.
Uno de los peores es que el proyecto designa fondos y recursos sin precedentes a la frontera, unos 46 mil millones de dólares para completar 700 millas de barda; elevar casi a 40 mil la cifra de agentes fronterizos, así como emplear mayor tecnología de vigilancia incluyendo más aviones no tripulados. Las comunidades fronterizas y grupos pro inmigrantes temen que la escalada amenace los derechos civiles y se preste al uso de perfiles raciales. Las medidas de seguridad deberán implementarse en el lapso de 10 años en que permanecerán los beneficiados como Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés), y antes de que soliciten su residencia permanente.
Sin embargo, en el umbral de una posibilidad histórica y real de que el Congreso apruebe la primera reforma migratoria amplia en 27 años, no es momento de tirar la toalla.
Todavía queda por delante un complicado e incierto proceso legislativo en la Cámara de Representantes de mayoría republicana que, de momento, envía señales preocupantes. Su presidente, John Boehner, afirma que no considerarán el proyecto de reforma amplia que envíe el Senado y solamente han avanzado proyectos de criminalización de indocumentados. La vía a la ciudadanía sólo asomó su rostro en un proyecto bipartidista de reforma migratoria que lleva años negociándose y todavía no ve la luz del día.
Pero no hay que quitar el dedo del renglón.
El congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, integrante del bipartidista Grupo de los Siete que negocia un acuerdo en la Cámara Baja, dijo a America’s Voice que “toda esa energía que culminaría con una victoria en el Senado va a llegar hasta la Cámara de Representantes”.
Gutiérrez se refiere a que la presión política y activista estaba concentrada en el Senado, pero ahora se enfilan los cañones a la Cámara Baja.
Recuerda, asimismo, algo vital. Aunque sólo se hable de la oposición republicana cameral, hay otras figuras republicanas, como el congresista Paul Ryan, que están conversando con su partido sobre la importancia de que la Cámara Baja avance una reforma con una vía a la ciudadanía, no sólo por ser buena política pública sino por ser un buen cálculo electoral para que el Partido Republicano comience a enmendar su imagen entre los votantes latinos.
Gutiérrez también recuerda otra cosa: el proyecto que emerge del Senado no es el final. Si la presión rinde frutos en la Cámara Baja y allí se aprueba otra medida, o incluso si la Cámara Baja decidiera aprobar únicamente medidas de aplicación de leyes, todavía quedaría por delante una negociación bicameral para conciliar los proyectos. Ese proceso de conciliación brinda la oportunidad, muchas veces, de mejorar productos, de afinar detalles. Y también hay otras oportunidades de mejorar productos de manera legislativa y administrativa.
Con el proyecto del Senado, dijo Gutiérrez, “se está pagando un precio, un precio muy alto para conseguir los votos necesarios y tener una mayoría abrumadora en el Senado. Concedo eso. Pero, ¿cuál es el precio de no hacer nada, el precio de derrotar este movimiento? Eso no se puede calcular”, declaró Gutiérrez.
En todo este proceso he contenido el cinismo que siempre me ha dominado. Pero Gutiérrez y yo parecemos compartir el optimismo boricua de tratar de buscar el lado bueno y amable de las cosas. Como dijo el congresista, “creo que es muy pronto para declarar la derrota en la Cámara Baja. Todavía yo no me siento derrotado”. Idem.
Cubrí como reportera la muerte de la reforma migratoria en el Senado en el año 2007. Seis años después hay proyecto y un panorama político diferente y favorable. La posibilidad es real.
Mientras hay vida hay esperanza, y el voto del Senado da un histórico soplo de vida a esa reforma. Sólo resta seguir adelante.
(*) Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice.
