Catherine Cortez Masto, fiscal general de Nevada, anunció el pasado jueves 14, que un jurado federal acordó por unanimidad que JM Manufacturing deliberadamente fabricó y vendió en el estado de Nevada y otros municipios del estado y a distritos locales de agua, tuberías de plástico de policloruro de vinilo deficiente (PVC) que se utilizaron en los sistemas de agua y alcantarillado.
Como resultado de la decisión, JM, ahora conocida como JM Eagle, tendrá que pagar un monto aún no determinado de daños en tres estados, Nevada, Nuevo México y Virginia y 42 ciudades y distritos de agua que se unieron a una demanda, así como docenas de otros estados, ciudades y distritos de agua que no se unieron.
El juicio expuso los esfuerzos deliberados de JM de reducir costos mediante el uso de prácticas de fabricación de mala calidad para hacer más débil pero más rentables el tubo de PVC.
Durante el juicio civil que duró siete semanas en la corte federal de distrito de Los Ángeles, más de 30 testigos declararon, muchos de ellos empleados actuales y anteriores de JM, entre ellos Walter Wang, presidente y propietario único.
George H. Wu, Juez de Distrito de California, dividió el juicio en dos fases. En la primera determinó que JM mintió entre 1996 al 2006 sobre si su tubería reunía la fuerza y estándares de durabilidad especificados en sus contratos con el gobierno, con lo que se hace responsable de los daños conforme a las leyes estatales y locales de reclamaciones falsas.
El segundo juicio se llevará a cabo para determinar el monto de los daños. No se ha establecido la fecha para esa fase. El monto se destinará para cubrir los gastos de reemplazar las tuberías de agua que ya han fallado, además se verán obligados a pagar los costos importantes de las entidades gubernamentales para reemplazar los tubos de PVC antes de lo esperado.
Muchos de los testigos declararon que los jefes de planta de JM estaban bajo intensa presión para cumplir con las cuotas de producción que eran imposibles de cumplir. Los que no cumplieron con las cuotas les recortaron sus salarios, y algunos perdieron sus puestos de trabajo.
Si cumplían las cuotas, podrían duplicar sus salarios mensuales. Las cuotas crearon fuertes incentivos para enviar tubería mala. El jurado escuchó muchos testigos que testificaron que los gerentes de planta removían rutinariamente las etiquetas de la tubería de “rechazado” que el personal de control de calidad había identificado por no cumplir con los estándares de calidad y enviaban la tubería a los clientes sin saberlo.
