WASHINGTON (AP) — Un proyecto de ley de reforma migratoria que otorga un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes que viven en el país de manera ilegal fue aprobado el martes con un sólido voto bipartidista de senadores de la Comisión Judicial del Senado, luego de que los legisladores esquivaran una propuesta para garantizar derechos a las parejas de inmigrantes homosexuales.
El principal obstáculo para la aprobación en la comisión fue superado cuando a último momento Patrick Leahy, demócrata por Vermont, retiró una propuesta para garantizar los mismos derechos a las parejas homosexuales que a las heterosexuales, como el poder solicitar la residencia y ciudadanía de la pareja gay que no tiene estatus legal.
Trece senadores votaron a favor del proyecto de ley y cinco en contra. Así se despejó el camino para una votación, que tendrá ribetes épicos en el pleno del Senado, de una legislación que es una de las prioridades nacionales del presidente Barack Obama y que, a su vez, constituye una oportunidad para que el Partido Republicano se reinvente y se convierta en una opción electoral para las minorías.
Los diez demócratas de la comisión votaron a favor del proyecto junto con los republicanos Lindsay Graham, de Carolina del Sur, Jeff Flake, de Arizona y Orrin Hatch, de Utah.
Los republicanos Chuck Grassley, de Iowa, Jeff Sessions, de Alabama, John Cornyn y Ted Cruz, de Texas, y Mike Lee, de Utah, votaron en contra.
"Ninguno de los miembros de la comisión obtuvo todo lo que quería y yo tampoco, pero al final, todos le debemos al pueblo estadounidense traer el mejor resultado posible a la línea de meta", dijo el presidente Obama. "Exhorto al Senado a debatir este proyecto de ley bipartidista en el pleno lo antes posible y sigo esperanzado de que el proceso de enmiendas permitirá mayores mejoras".
La comisión debatió 300 reformas al proyecto original y adoptó 141.
Una multitud de activistas pro reforma migratoria presentes en las barras del recinto del Senado aplaudieron emocionados cuando se aprobó la iniciativa legislativa y gritaron "sí se puede". Muchos lucían camisetas que indicaban el estado de donde provenían y hablaban español. El grupo de inmigrantes incluía niños.
Miguel Oaxaca, un comerciante mexicano de 46 años residente en Colorado, dijo a The Associated Press que presenciar la aprobación del proyecto de ley "fue un momento muy feliz" porque beneficiaría directamente a parientes y amigos suyos. "Llevamos muchos años peleando por esto".
Además de establecer un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que viven en el país, el proyecto creó un nuevo programa de trabajadores extranjeros poco calificados y permitiría que más empleados altamente cualificados puedan entrar al país.
La iniciativa de ley condiciona la nacionalización de los inmigrantes a un reforzamiento de la seguridad fronteriza. Sólo podrán solicitarla quienes no tengan antecedentes judiciales, si pagan tarifas y multas por 2.000 dólares y si aceptan vivir en el país durante diez años con un estatus migratorio provisional que les permite trabajar y viajar al extranjero.
En un momento de suspenso, Leahy puso sobre la mesa la propuesta de otorgar los mismos derechos a las parejas homosexuales que esta ley migratoria otorgaría a las parejas heterosexuales.
Pero luego accedió a retirarla ante las advertencias de dos de los autores del proyecto de ley que, además, integran la comisión judicial —Lindsay Graham y Jeff Flake— de que no sólo no votarían en contra de esa iniciativa, sino que abandonarían una coalición bipartidista que formaron en enero para redactar la iniciativa de ley y rechazar cualquier reforma que atente contra su esencia.
"Yo no quiero ser el senador que va a pedir a la gente elegir entre el amor de su vida y el amor de su país", dijo Leahy mientras pidió la opinión de los otros senadores.
En respuesta, oyó un coro de súplicas de los partidarios del proyecto de ley, que también hacían eco a los pedidos de la Casa Blanca, de no forzar una votación que, advirtieron, propiciaría la pérdida del apoyo de los republicanos y el hundimiento de la ley.
Los dos demócratas autores del proyecto de ley en la comisión, Chuck Schumer y Dick Durbin, solicitaron a Leahy no someter a votación la propuesta para no echar por la borda el esfuerzo migratorio.
"Creo en mi corazón que lo que estás haciendo es lo correcto y justo", dijo el senador Richard Durbin, de Illinois. "Pero creo que este es un mal momento, que es la ley equivocada (para plantear dicha propuesta)".
"Mi mayor decepción es que este proyecto de ley debería reconocer a todos los estadounidenses, y seguiré luchando para combatir la discriminación", dijo Leahy.
Graham le respondió que "tiene mi apoyo en inmigración, pero no en cuanto a los matrimonios del mismo sexo. No solamente no apoyo su enmienda, sino que rompería la coalición".
"No puedo apoyar esta enmienda si hunde el proyecto de ley", dijo Schumer, demócrata por Nueva York. "Soy un político y acepto las decisiones difíciles que hay que tomar y las imperfecciones de los acuerdos negociados".
El grupo de ocho senadores que redactaron el proyecto es integrado, además, por los republicanos John McCain, de Arizona, y Marco Rubio, de Florida, y los demócratas Michael Bennet, de Colorado, y Bob Menéndez, de Nueva Jersey.
El proyecto de ley fue aprobado tras debatir 300 enmiendas durante cinco sesiones.
Durante la sesión, Schumer había advertido que no votaría por el proyecto sino incluía la opción de la nacionalización para los inmigrantes antes de que la comisión rechazara una propuesta del republicano Ted Cruz que buscaba la inclusión de una prohibición en ese sentido.
Cruz argumentaba que otorgar beneficios plenos a personas que violaron las leyes sólo propiciará una mayor inmigración ilegal y advirtió que el proyecto de ley, tal como está redactado, tiene pocas posibilidades de ser aprobado en la Cámara de Representantes.
"Decir 'todo o nada, si no hay naturalización no hay reforma' no es una estrategia para aprobar un proyecto de ley", dijo Cruz de ascendencia cubana que también propuso infructuosamente otra enmienda para impedir que los inmigrantes no autorizados pudieran beneficiarse de programas públicos ofrecidos por los estados. "Puede ser una estrategia para generar más batallas políticas, pero no para resolver un problema".
El senador Grassley recordó que había votado a favor de dar una "amnistía" a quienes se encontraban en el país de manera ilegal en 1986, la última vez que el Congreso aprobó una legislación importante en materia migratoria. Pero dijo que ese proyecto de ley, como el actual, había previsto tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, pero que al final no lo logró.
"Nadie pone en duda que este proyecto de ley contempla la legalización primero y el control a la inmigración ilegal después", dijo Grassley poco antes de la votación final. "Y eso es inaceptable para mí y para el pueblo estadounidense".
La pieza central de la legislación permite que un estimado de 11 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos pueda obtener un "estatus migratorio provisional" seis meses después de la promulgación de la ley, si se reúnen ciertas condiciones.
Los solicitantes deben haber llegado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011, y deben mantener una presencia física continua, no deben haber sido condenados por delitos graves o más de dos delitos menores, y pagar una multa de 500 dólares.
La condición de inmigrante provisional dura seis años y es renovable por cuatro años más con el pago de otros 500 dólares. Después de una década, las personas pueden pedir una tarjeta de residente permanente, conocida como la 'green card', siempre que estén al día en sus impuestos y paguen una multa de 1.000 dólares, así como cumplir con otras condiciones.
Obama reiteró su meta de lograr una reforma migratoria este año al recibir en la Casa Blanca a un grupo de ocho inmigrantes sin permiso de residir en el país y que compartieron con él testimonios de cómo sus familias han sufrido las consecuencias por la aplicación de las leyes migratorias vigentes.
Miguel Leal, un cubano de 25 años, ciudadano estadounidense y casado con una uruguaya sin autorización legal, dijo a la AP que su encuentro con Obama fue "una experiencia fantástica" y agradeció que el mandatario. "Nos dijo que jamás debemos avergonzarnos de ser inmigrantes".
En las horas previas a la votación final, el grupo de senadores también llegó a un acuerdo de último minuto para aumento en el programa de visas para trabajadores de la industria de la tecnología, y que fue propuesto por el senador Hatch.
Bajo el acuerdo, la cantidad de trabajadores altamente calificados admitidos en el país pasaría de 65.000 a 110.000 al año, con la posibilidad de aumentarlo a 180.000, dependiendo, en parte, de los niveles de desempleo del país.
Las empresas que cuenten con al menos un 15% de mano de obra extranjera calificada serían sometidas a condiciones más estrictas que las menos dependientes de dichos trabajadores a quienes se les entrega, generalmente, una visa llamada H1B.
El acuerdo fue negociado por el senador Hatch, cuyo estado alberga una creciente industria tecnológica, y por el senador Schumer.
El presidente de la AFL-CIO, Rich Trumka atacó fuertemente ese acuerdo y dijo que era "anti-obrero", aunque también dejó claro que una de las agrupaciones de sindicatos del país continuará apoyando la legislación.
El presidente del Senado, el demócrata Harry Reid, de Nevada, planea someter en junio el proyecto de ley a votación en el pleno del Senado. Los autores de la legislación han expresado expectativas de obtener al menos 70 de cien votos posibles y así ejercer una considerable presión política sobre la cámara baja, controlada por una mayoría de representantes republicanos.
No obstante, asesores del Congreso consultados dijeron que el debate tardará al menos un mes o más, y que su resultado será impredecible.
En la Cámara de Representantes el destino del proyecto de ley es aún más incierto.
La Comisión Judicial de esa cámara planea celebrar el miércoles una audiencia para analizar el proyecto de ley aprobado en la comisión senatorial. Su presidente, el republicano Bob Goodlatte, de Virginia, ha dicho que le preocupan algunos aspectos de esa legislación.
A diferencia del proyecto de ley integral debatido en el Senado, la cámara baja ha abordado la reforma migratoria con proyectos de ley separados y poniendo énfasis en los aspectos policivos y las infracciones a las leyes migratorias.
El proyecto de ley solo entrará en vigencia después de que lo apruebe la plenaria del Senado, y que la cámara baja haga lo propio tras recibir una versión aprobada por su comisión judicial.
Solo después de que ambas cámaras reconcilien sus versiones es que podría pasar al presidente Obama para que lo sancione.
