María Villanueva y Gustavo Villeda se conocieron en 2019 en una iglesia de Silver Spring, un suburbio al norte de la capital de Estados Unidos, y aunque se enamoraron y empezaron a salir, ella era reticente a casarse con él porque no quería “sufrir” por una realidad que ya le era familiar.
Villeda, nacido en Guatemala, emigró a EE.UU. en 2004 de forma irregular y es este estatus -que no ha podido ajustar- el que hacía dudar a Villanueva, mexicana con nacionalidad estadounidense, sobre si pasar o no por el altar.
Hoy, no solo viven juntos y contrajeron matrimonio el pasado verano, sino que tienen un hijo en común de dos meses.
“Yo decía que nunca me iba a casar con alguien que no tuviese papeles, por miedo y por la angustia de que pudieran separarnos”, explica entre risas la joven de 32 años en una entrevista con EFE desde el comedor de su casa en la pequeña ciudad de Laurel (Maryland).
Ella dejó México con apenas 7 años para reunirse con su padre -que ya vivía en Estados Unidos- mientras que su marido emigró ya de adulto con las expectativas de que el ‘sueño americano’ le permitiera enviar dinero a una hija enferma que dejó en Guatemala y que está a punto de cumplir 20 años.
“No la he visto crecer y no quiero que esto me vuelva a suceder con él”, dice ojeando a su hijo Alfonso Jesús, que duerme a su lado en brazos de la madre. Ambos están sentados en el sofá de la sala, presidida por un conjunto de fotografías de su boda colgadas en la pared y visibles nada más entrar en la pequeña vivienda.
La pareja coincide en que, una vez casados, el gran impedimento para intentar arreglar los papeles de Gustavo ha sido el factor económico. “Sufro de migraña severa, hemos necesitado el dinero para médicos y no lo hemos podido destinar a la solicitud (de regularización)”, puntualiza María.
Pero ahora la situación de incertidumbre de esta familia puede cambiar porque Villeda es uno de los más de medio millón de migrantes aptos para acogerse al nuevo programa, anunciado el pasado martes por el Gobierno del presidente Joe Biden, y así regularizar su estatus en el país.
Las medidas benefician principalmente a las personas casadas con ciudadanos estadounidenses -condición que él cumple-, que podrán dar el primer paso en el proceso para conseguir permiso de residencia en Estados Unidos.
Gustavo, asimilando aún la nueva oportunidad que se le ha presentado, asegura que la noticia le ha llegado “por sorpresa” y, aunque no sabe con detalle cómo continúa el proceso, se muestra optimista al tener delante “una esperanza para muchos”.
Apoyado en una figura legal conocida como ‘parole’, este permiso otorga a quienes ya están en territorio estadounidense protección frente a la deportación y les posibilita aplicar a un permiso de trabajo.
Con la autorización laboral, que tendrá validez por tres años, los migrantes que entraron al país de forma irregular y están casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la residencia y, a posteriori, la ciudadanía.
Para acogerse a esta fórmula, la persona tiene que haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024 y haber vivido en el país al menos 10 años.
A la vez, a meses de que este anuncio entre en vigor, la pareja no pasa por alto que el próximo noviembre se van a celebrar unas elecciones presidenciales en el país que lo pueden cambiar todo.
“Nos preocupa que todo esto pueda quedar en nada, que se pueda echar a perder por un cambio de gobierno o por disputas entre ellos”, expresa María interpelando a los presumibles candidatos presidenciales -Joe Biden y Donald Trump-, aunque está convencida de “asumir los riesgos” y de aprovechar estos meses previos a los comicios.
“Esperamos que respeten a las familias que, como nosotros, están pasando por esta situación y que han estado luchando por una reforma”, añade la mujer, que es colaboradora de CASA, una ONG de defensa y asistencia a la inmigración.
Aun con todas las dificultades en mente, los dos coinciden en que existe esperanza y están dispuestos a seguir buscándola. Silver Spring (EFE)
