La cancelación de un contrato a una empresa saudí, que usa agua del subsuelo del desierto de Arizona para hacer crecer alfalfa porque en su país está prohibido por la carencia del líquido, puso en evidencia el descontrol de estas actividades en una región estadounidenses afectada cada vez más por una mayor sequía.
A principios del mes, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, rescindió a Fondomonte un contrato de arrendamiento de tierras públicas, que utiliza aguas subterráneas sin siquiera decir las cantidades, y le notificó que no renovará los otros tres que tiene con ellos en febrero próximo.
“El problema de fondo es la falta de leyes estatales que regulen o limiten la extracción de agua del subsuelo para cultivos, especialmente en estados como Arizona, donde por años hemos enfrentado una dura sequía”, dijo a EFE Sandy Bahr, directora del grupo Sierra Club en Arizona.
Desde 2010, Fondomonte, una subsidiaria de la compañía saudí Alamarai, alquila unas 260 hectáreas de tierras estatales en Arizona para cultivar alfalfa con la que alimentar el ganado en su país, ya que allí está prohibido sembrarla debido a que requiere demasiada agua para su crecimiento.
Para defensores del medio ambiente como Bahr es inconcebible que estados como Arizona acepten rentar tierras públicas para cultivar productos como la alfalfa sin siquiera saber con exactitud cuánta agua es extraída anualmente.
Actualmente, Fondomonte, que también tiene cultivos en California, no está obligada a declarar esa cantidad y tampoco paga por su uso.
“Si sacamos demasiada agua del subsuelo, los efectos pueden ser devastadores, se desgasta la tierra alrededor, los pozos de otras personas cercanas se pueden secar, afectando a comunidades y ranchos cercanos”, se quejó la directora de Sierra Club.
Explicó que aunque el dinero del contrato se utiliza para las escuelas públicas, considera que rentar la tierra para cultivar alfalfa no es la mejor idea porque podría arruinarlas y al final devaluarla.
El congresista Rubén Gallegos dijo en declaraciones a EFE que “nunca se debió haber permitido a Arabia Saudita haber robado el agua de Arizona”.
El demócrata aplaudió a la gobernadora Hobbs, pero señaló que deben asegurarse “de que esto nunca vuelva a suceder en Arizona”.
Gallego está impulsando la ley de protección del agua nacional que crearía un impuesto especial sobre la venta y exportación de cualquier cultivo que requiera mucha agua por parte de cualquier empresa o gobierno extranjero en áreas que experimenten una sequía prolongada.
Hobbs, también demócrata, considera “inaceptable” que Fondomonte continúe sacando cantidades desenfrenadas de agua subterránea.
“No tengo miedo de hacer lo que mis predecesores se negaron a hacer, hacer a la gente responsable, maximizando el valor de los terrenos estatales y protegiendo el agua de Arizona”, dijo Hobbs en un comunicado.
Arizona rescindió el contrato de arrendamiento de Fondomonte al señalar que hasta agosto pasado la compañía no había corregido problemas que se habían detectado desde 2016, como establecer una estructura de contención secundaria en sus unidades de almacenamiento de combustible y diésel.
Adicionalmente, el estado de Arizona indicó que no renovará otros tres contratos que se vencen próximamente al señalar que no son en “el mejor interés” de los beneficiarios de la tierra debido a las cantidades excesivas de agua que se extraen del subsuelo.
Bahr calificó las medidas como un primer paso positivo. Sin embargo, la activista enfatizó que para obtener resultados a largo plazo que protejan realmente el los mantos acuíferos se deben de aprobar leyes estatales al respecto.
“Se han hecho varios intentos, sin embargo la industria de la agricultura pone muchas trabas para que se aprueben restricciones. Vemos desgraciadamente como iniciativas de ley son presentadas, sin embargo nunca son discutidas en los comités legislativos y simplemente mueren”, lamentó la activista.
Bahr, quien varias veces ha visitado las cercanías a los plantíos de alfalfa, asegura que es una dura experiencia ver la tierra seca del desierto y al tiempo un “mar verde” de alfalfa.
“La alfalfa no es un producto del desierto, es triste saber que se está creciendo con agua del subsuelo, agua que lleva millones de años en este lugar”, dijo.
Por su parte, representantes de Fondomonte dijeron que apelarán la decisión de Hobbs al considerar que ha cumplido con el contrato.
“Fondomonte está comprometido a progresar y utilizar tecnología eficiente en sus operaciones. Continuaremos invirtiendo en Arizona y la industria agrícola”, indicó la empresa.
Defensores de la industria aseguran que las granjas agrícolas proporcionan millones de dólares a la economía local, ayudando al crecimiento y prosperidad del estado.
Sin embargo, el estado de Arizona ha notificado a otras empresas agrícolas que encontraron incumplimientos en sus contratos, los cuales deberán corregir o también podrían perder sus contratos. TUCSON (EFE)
