La justicia no llega al cumplirse seis meses del incendio que mató a 40 migrantes en un centro del gobierno de México en Ciudad Juárez, donde activistas denuncian que persiste la impunidad pese a que otros países consideran el hecho “un crimen de Estado”.
A medio año del fuego en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), cerca de la frontera con Estados Unidos, todavía hay decenas de zapatos quemados de las víctimas en el suelo.
El lugar donde murieron las cuatro decenas de migrantes y otros 27 resultaron heridos aún permanece lúgubre. Las paredes todavía tienen manos de hollín pintadas, huellas de quienes salieron con vida y las ventanas ahumadas.
Los migrantes estaban “asegurados”, encerrados por el gobierno federal a unos metros de la frontera con Texas, frente al edificio de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y a unos metros del puente internacional Paso del Norte.
Humanistas señalaron a EFE que, aunque el gobierno autorizó indemnizaciones a las familias de las víctimas por 140 millones de pesos (unos 8 millones de dólares), no se ha hecho justicia.
Y advirtieron que la situación es cada vez peor para quienes llegan en la nueva ola migratoria porque ahora desconfían hasta de los albergues, pues temen fallecer quemados.
Ernesto Vasconcello, abogado migratorio que vivió el caso de cerca, expresó que “ninguna indemnización es suficiente” cuando se trata de vidas y cuestionó el que Francisco Garduño, titular del INM, solo enfrente un cargo judicial.
Mientras que el coordinador local de albergues Miguel Fierro criticó el que el funcionario federal siga al frente de la dependencia, como ha defendido el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
La tragedia que marcó la frontera
Rosa Mani, activista de Abara, una organización binacional enfocada en apoyar a los migrantes, lamentó que “definitivamente ha sido una tragedia que vino a marcar en la frontera”.
“Desafortunadamente, esta situación nos ha traído muchas secuelas, (también) a las personas migrantes, quienes llegan a la ciudad y ellos dicen ahora no querer entrar a un refugio porque piensan que lo van a quemar”, dijo la defensora de derechos.
La activista aseveró que no se ha hecho justicia porque todavía hay migrantes afectados esperando que el gobierno les responda por las lesiones.
Además, comentó que, mientras los directivos están libres, hay empleados del INM que presuntamente no están relacionados con en el incendio, pero que están encerrados sin que se realice su juicio con celeridad.
El pastor Miguel Ángel González, quien preside la red de 13 albergues “Somos Uno por Juárez”, coincidió en que tras seis meses no hay mucho avance del caso.
“Creemos que no es lo más correcto en cuanto a justicia, vemos a un funcionario de alto nivel opinando respecto a esta contingencia migratoria como si no hubiera pasado nada”, señaló respecto a Garduño.
México ha prometido reparación
El titular de Migración sostuvo una audiencia el fin de semana pasado, pues ha pedido que le suspendan el proceso penal por el que se le imputa parte de la responsabilidad en la tragedia.
“Tenemos que presentar un programa integral de reparación del daño a las víctimas y ya después que se presente solicitaremos esa audiencia otra vez (...) En esta causa penal solo estoy acusado por el uso indebido del servicio público no por lo que sucedió en la estación migratoria”, afirmó Garduño al salir de la audiencia.
El funcionario aseguró que ya depositaron los 140 millones de pesos (8 millones de dólares) para las familias de los migrantes a razón de 3,5 millones (cerca de 200.000 dólares) para cada uno.
Insistió en que darán de alta a los lesionados en el Instituto Mexicano del Seguro Social para la reparación total del daño, pero argumentó que es complicada la repartición de los recursos porque implica la participación de peritos médicos y de cuerpos diplomáticos.
“No murieron por ser extranjeros, murieron por pobres, porque no tenían 500 dólares para pagar el acto de corrupción, 500 dólares para poder salir del INM, yo vi muchos casos, ellos murieron por no tener 500 dólares”, comentó al respecto el abogado Vasconcello.
Denunció que tanto México como los diplomáticos de los países de procedencia de los migrantes están complicando la indemnización de las familias. Juárez (EFE)
