La muerte del afroamericano George Floyd en 2020 en manos de un policía no fue un caso aislado, apuntó este viernes el Departamento de Justicia: en la Policía de Minneapolis había problemas sistémicos de uso excesivo de la fuerza y discriminación que en última instancia condujeron al homicidio.
La investigación se abrió poco después de ese suceso, que fue grabado en vídeo y propició una ola de protestas en todo Estados Unidos contra la violencia y discriminación policial bajo el lema “Black Lives Matter”.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, subrayó este viernes al presentar las conclusiones de las pesquisas que en la Policía de Minneapolis se ha visto un uso excesivo habitual de la fuerza, incluso de forma letal, “a menudo cuando no es necesaria”.
Utilizan sus armas “sin evaluar si la persona presenta una amenaza y mucho menos si la amenaza justifica su uso letal. Ignoran de forma rutinaria la seguridad de las personas bajo su custodia y discriminan ilegalmente a los negros y nativos americanos en sus actividades de cumplimiento de la ley”, dijo.
Floyd fue detenido el 25 de mayo de 2020 después de que un dependiente lo acusara de intentar pagar una caja de tabaco con un billete falso.
Derek Chauvin, el policía que puso su pierna en el cuello de Floyd mientras el hombre gritaba que no podía respirar, acabó siendo condenado a 22 años de prisión por homicidio en junio de 2021 y a otros 20 más tras declararse culpable por uso excesivo de la fuerza y por discriminación.
La investigación abierta por el Departamento de Justicia no buscó evaluar el comportamiento de un agente en particular, sino del cuerpo policial de la ciudad en su conjunto.
Y sus conclusiones pusieron sobre la mesa también que se discrimina a gente con problemas de conducta y que hubo varios episodios anteriores al caso de Floyd en los que los agentes implicados no tuvieron que rendir cuentas hasta que hubo protestas sociales.
“Estos problemas sistémicos no solo ocurrieron en 2020. Hubo casos sobre los que la comunidad informó mucho antes de que el Departamento de Justicia concluyera que existe una causa razonable para creer que el Departamento de Policía de Minneapolis y la Ciudad de Minneapolis ejercen ese patrón o práctica de conducta”, sostuvo Garland.
Una conducta que en su opinión viola entre otras la cuarta enmienda a la Constitución, que protege a los ciudadanos de un registro o allanamiento poco razonable, o de la primera, que protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
“Los hallazgos difundidos este viernes en el informe son preocupantes. La ciudad y la Policía de Minneapolis han demostrado su compromiso de avanzar rápidamente en reformas destinadas a remediar los problemas identificados”, añadió ante la prensa la fiscal general adjunta, Vanita Gupka.
Desde la muerte de Floyd cuatro agentes en total han sido condenados por su rol directo e indirecto en la misma, incluido Chauvin. “Su fallecimiento tuvo un impacto irrevocable en Minneapolis, nuestro país y el mundo. George Floyd debería estar vivo hoy”, subrayó Garland.
El Departamento de Justicia, la ciudad de Minneapolis y su Policía han acordado negociar un decreto de consentimiento que conduzca a las reformas esperadas.
Aunque ya ha habido cambios, como la prohibición de los estrangulamientos policiales, “queda trabajo por hacer”, se dijo desde el Departamento de Justicia, admitiendo que esa negociación puede prolongarse meses e incluso un año. Washington (EFE)
