Un proyecto de ley para sustentar y ampliar un polémico programa del gobernador de Florida, Ron DeSantis para reubicar inmigrantes indocumentados en otros lugares de EE.UU. pasó su primera votación en el Senado estatal, con críticas de organizaciones que velan por los derechos de los extranjeros.
La portavoz de Florida Inmigration Coalition, la puertorriqueña Adriana Rivera, dijo que la iniciativa legislativa “es absurda” y deja de lado “problemas que realmente afectan a la población como la falta de vivienda o de recursos para hacer frente a desastres naturales”.
“DeSantis apoya esa medida para ganar publicidad en los medios y proyectar su imagen a nivel nacional”, destacó la portavoz de la entidad, que tiene como objetivo trabajar por el trato justo de las personas, incluidos los inmigrantes.
El proyecto de ley SB 6B del Senado, dotado con 10 millones de dólares, fue aprobado el miércoles en una sesión especial de la cámara legislativa por 27 votos a favor y 12 en contra gracias a la mayoría republicana y ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde se prevé también salga adelante.
El republicano DeSantis, reelegido con una amplia mayoría en 2022 y con supuestas intenciones de dar el salto a la política nacional como candidato a la nominación republicana en las presidenciales de 2024, puso en marcha en 2022 un Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados.
Bajo ese programa, Florida envió en septiembre pasado por avión a medio centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos que habían cruzado desde México para solicitar asilo en EE.UU. desde San Antonio (Texas) hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Ese traslado generó una gran polémica y demandas judiciales contra DeSantis y el estado de Florida, pues los inmigrantes trasladado no pisaron Florida en momento alguno y además presuntamente fueron inducidos a abordar el vuelo con promesas engañosas..
La propuesta de ley otorga a la administración de DeSantis el derecho a relocalizar a los migrantes dentro del territorio de EE.UU. en el caso de que hayan han sido procesados por el Gobierno federal, sin importar donde se encuentren, y asignas diez millones de dólares para hacerlo.
Blaise Ingoglia, legislador que apoya la iniciativa, dijo que este proyecto de ley permite el transporte voluntario de extranjeros inspeccionados a distintos lugares de EE.UU., en concreto a “ciudades santuario” y estados que hayan destinado recursos para esos fines.
Matizó que el proyecto establece que no se transportaría a nadie que no haya sido procesado inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
Rivera adelantó que los próximos días su organización continuará una campaña de denuncia a raíz de lo que perciben como intenciones del gobernador con miras a tomar medidas contra inmigrantes que disponen de un estatus temporal permanente (TPS, por sus siglas en inglés).
En su combate contra la inmigración irregular, el gobernador declaró a principios del pasado enero el estado de emergencia y desplegó la Guardia Nacional a raíz de la llegada de numerosos emigrantes, de forma irregular, a las costas de Florida.
En su versión original, el programa de reubicación de indocumentados que se hallan en Florida está dotado de 12 millones de dólares.
El proyecto de ley que ahora avanza en el Legislativo estatal especifica que los futuros traslados de inmigrantes pueden ser desde cualquier punto de Estados Unidos y asigna 10 millones de dólares para su ejecución.
El senador demócrata Jason Pizzo demandó al estado por los vuelos del año pasado, en vista de que los indocumentados trasladados al popular balneario de Massachusetts no estaban en Florida, tal como lo contempla el programa antes de la ampliación contenida en la propuesta aprobada en la Cámara Alta.
Las organizaciones pro inmigrantes y el Partido Demócrata de Florida han criticado el programa, sobre el que señalan forma parte de una estrategia de DeSantis para apuntalar su figura a nivel nacional entre los conservadores.
Durante la sesión especial en el Legislativo de Florida, con mayoría republicana en ambas cámaras, que comenzó el lunes los legisladores debaten también la eliminación del distrito especial en el que operan los parques temáticos de Disney, una de las dianas de ataque de DeSantis, y una iniciativa que otorga vía libre al fiscal estatal para enjuiciar fraudes electorales en contiendas federales y estatales. Miami (EFE)
