El grito salió desde el corazón de uno de los residentes de Uvalde, Texas, cuando el presidente Biden y su esposa Jill depositaban una ofrenda floral en el improvisado monumento en memoria de las pequeñas víctimas de la Escuela Primaria Robb, en la más reciente masacre escolar que conmueve al país y al mundo.
“Presidente Biden necesitamos ayuda… haga algo”, le imploró la voz. “Lo haremos”, respondió el presidente, quien ha sufrido en carne propia la pérdida irreparable de un hijo. Era su segunda visita a una masacre en menos de un mes, después que consoló a familiares de las víctimas del tiroteo cometido en Buffalo, por un supremacista blanco.
En los rostros de quienes visitaron el monumento a los niños de Uvalde, se apreciaban los rasgos inconfundibles de la indignación y la impotencia.
Ben Gonzales fue uno de los residentes que le gritó a Biden. “Hay que hacer algo, necesitamos un cambio, necesitamos ayuda y mi mayor temor es que nada vaya a cambiar, y dentro de seis meses Uvalde solo será Uvalde, solo será historia y nada habrá cambiado”, explicó a la cadena CNN. También le había gritado al gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, un estado donde es más difícil comprar una cerveza que un rifle de asalto.
Los temores de Ben son fundados. Desde la masacre de Columbine en 1999 nada significativo ha ocurrido en el Congreso para contener la hemorragia de muertos por armas de fuego. Ni las masacres de Sandy Hook, Parkland o El Paso lograron mover la aguja un centímetro.
Como les preguntó el senador Chris Murphy a sus colegas en el piso del Senado. “¿Por qué quieren llegar al Senado de los Estados Unidos? ¿Por qué se molestan en conseguir este trabajo, en colocarse en una posición de autoridad?” Ninguno de los senadores opuestos a regulaciones sensibles para las armas, sean republicanos o demócratas, puede verse al espejo sin una cara de vergüenza.
Biden prometió a quienes le gritaron en Uvalde, Texas, que haría algo. Pero la realidad es que las décadas de estancamiento legislativo en el tema del control de armas ilustra también los límites del poder presidencial y la fortaleza de la disfuncionalidad de nuestra clase política en Washington.
La prohibición de las armas de asalto expiró en 2004 y no existe ninguna expectativa razonable de un consenso bipartidista para renovarla. La buena noticia es que varios estados, condados y ciudades están apresurándose a aprobar sus propias medidas, como elevar la edad de compra de armas de 18 a 21 años, demandar civilmente a fabricantes de armas y mucho más.
A su regreso a Washington, el presidente apeló a los republicanos “racionales” a sumar esfuerzos y aprobar regulaciones sensibles.
Los padres de los todos los menores que han sido víctimas de la violencia irracional, y todos nosotros, esperamos que la racionalidad se asiente en el Congreso y que nuestros políticos se eleven a la altura de las circunstancias, o los votantes se los recordarán en las elecciones de noviembre. (Para la Red Hispana)
