La misión de investigar la mayor filtración de la historia del Tribunal Supremo de EE.UU. recae sobre la coronel Gail A. Curley, la alguacil de la máxima corte y quien hasta hace poco solo era conocida por el público por abrir las audiencias con el famoso cántico "¡Oyez, Oyez, Oyez!".
La alguacil de la corte se encarga tradicionalmente de anunciar con esas palabras la llegada de los jueces a la gran sala del Tribunal Supremo, momento en el que todos los presentes se ponen de pie en gesto de respeto.
Curley ejerce como la máxima autoridad de seguridad en el Tribunal Supremo y tiene bajo sus órdenes a 260 personas, incluido un cuerpo de policía que se encarga de proteger el recinto de la corte y dar seguridad a los nueve jueces que integran esa instancia judicial.
Ahora, sin embargo, la misión de Curley irá mucho más allá: debe averiguar quién filtró al diario Politico un borrador de una sentencia que apunta a la eliminación del derecho al aborto a nivel federal, vigente desde 1973, lo que permitiría a los estados legislar sobre ese asunto.
El borrador, cuya autenticidad ha confirmado el Tribunal Supremo, no es el fallo definitivo y se trata de una de las copias que los jueces circulan cuando están deliberando.
En todo caso, la filtración ha provocado conmoción dentro del Tribunal Supremo y su presidente, John Roberts, la ha tildado de "traición".
Roberts, nombrado por el republicano George W. Bush (2001-2009), ha sido quien ha pedido a Curley que dé caza al responsable de la filtración.
LA SEGUNDA MUJER EN EL CARGO
El encargo le llegó a Curley ayer martes 3 de mayo, justo cuando cumplía un año exacto desde que fuera nombrada alguacil del Tribunal Supremo, un cargo que asumió formalmente un mes después.
Curley es la segunda mujer en ejercer como alguacil del Tribunal Supremo desde que ese puesto se creó en 1867.
La primera en hacerlo fue Pamela Talkin, a quien Curley sustituyó y quien se jubiló en 2020 después de haber custodiado el Tribunal Supremo durante casi dos décadas.
Entre otras cosas, Talkin tuvo que lidiar con el miedo que siguió a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Por ejemplo, cuando algunos senadores de EE.UU. recibieron cartas con carbunco (ántrax), la alguacil ordenó evacuar el edificio del Tribunal Supremo, que está enfrente del Congreso.
En ese momento, los jueces tuvieron que celebrar sus audiencias en una corte federal, en vez de en el solemne edificio del Supremo.
El desafío que enfrenta ahora Curley es muy diferente, ya que la amenaza no viene de fuera sino de dentro del propio tribunal.
Según ha reconocido el propio Roberts, lo que está en juego es la credibilidad del Tribunal Supremo de EE.UU., que en los últimos años ha empezado a ser percibido por los estadounidenses como un mero órgano político en vez de una instancia judicial independiente encargada de interpretar la Constitución.
La máxima corte está compuesta por seis jueces conservadores y tres progresistas, por lo que está más inclinada la derecha que en ningún momento desde la década de 1930.
Por el momento, se desconoce quién podría haber sido el responsable de la filtración del borrador de la sentencia, algo que en sí no es un crimen porque no se trata de un documento clasificado o sensible para la seguridad nacional de EE.UU.
Si la filtración se produjo tras haber hackeado un ordenador, entonces sí se trataría de un crimen; pero, eso es algo que justo le corresponde averiguar a Curley.
UNA ABOGADA MILITAR CON EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO
Según detalla en su web el Tribunal Supremo, Curley tiene experiencia de sobra para emprender la investigación: ejerció durante años como abogada militar en temas muy sensibles relativos a la seguridad nacional de EE.UU. y ha trabajado en varios países, como Afganistán y Alemania.
De hecho, Curley detentó puestos de gran responsabilidad dentro del sistema judicial que existe dentro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y que es diferente al que se usa para juzgar civiles.
En concreto, fue la jefa de la división de Seguridad Nacional dentro del cuerpo de abogados que se encarga de defender a los soldados cuando cometen algún fallo en combate y que, además, da consejo a altos cargos militares sobre la legalidad de ciertas prácticas.
Curley estuvo destinada entre 2016 y 2019 a la base militar de EE.UU. en Wiesbaden (Alemania) y tuvo a su cargo a unas 300 personas, de acuerdo al Supremo.
Además, estudió en la exigente academia militar de West Point, donde en 1991 se graduó con estudios de ciencia política.
Consiguió también dos másteres: uno de Derecho que obtuvo del cuerpo de abogados del Ejército y otro en Seguridad Nacional de la escuela Eisenhower, que ese encarga de formar a altos cargos militares para posiciones de mayor responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Algunos medios han pedido a Curley que comentara sobre su nueva labor, pero ella ha preferido guardar silencio. Washington (EFE)
