Estados Unidos expandió la política “Quédate en México” al puerto fronterizo entre San Diego (California) y Tijuana (México) después de que el programa fuera reanudado hace casi un mes en el puerto fronterizo de El Paso, Texas, dijeron funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden a reporteros especializados.
El pasado 6 de diciembre el gobierno de Biden tuvo que restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), designación formal de "Quédate en México", obedeciendo la decisión de un juez federal en favor de dos estados conservadores que exigieron la reanudación del programa después que fuera cancelado en enero de 2021.
La reportera de CNN Priscilla Álvarez afirmó en un mensaje de Twitter que altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informaron en una llamada de la reanudación del programa -que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el vecino país mientras se resuelven sus casos en territorio estadounidense- en el puerto fronterizo de San Diego.
Esta política establecida por la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) se inició en 2019 con un programa piloto en el puerto fronterizo en San Diego, por lo que las autoridades federales y los grupos que abogan por los inmigrantes se enfrentaron durante dos años por esa política que dejó esperando en México a cerca de 70 mil solicitantes de asilo.
La semana pasada el Gobierno de Biden pidió al Tribunal Supremo que revise el fallo que mantuvo en vigor el MPP.
En concreto, la Administración pidió que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que el pasado 13 de diciembre rechazó la solicitud del Ejecutivo de bloquear una orden de un juez federal que dio la razón a Texas y Misuri.
La petición también argumentó que el MPP "no es la mejor herramienta" para disuadir la migración irregular”, además de que expone a los migrantes "a riesgos inaceptables" y resta valor a los esfuerzos del gobierno para gestionar la migración.
Más de 200 solicitantes de asilo ya han sido regresados tras la reanudación de la política por el puente fronterizo de El Paso, Texas, según abogados de la organización Human Rights First (HRF). Los Angeles (EFE)
