Por José LÓPEZ ZAMORANO
Un juez federal de Texas tomó una decisión que, lamentablemente no fue sorpresiva: bloqueó la posibilidad de que el gobierno federal apruebe el programa DACA a nuevos solicitantes, bajo el argumento de que el entonces presidente Barack Obama carecía de autoridad legal para otorgar un alivio generalizado a los jóvenes indocumentados.
El dictamen de 77 páginas del juez Andrew Hanen, designado por el presidente George W Bush, era desafortunadamente esperado, toda vez que desde 2018 había dejado en claro que correspondía al Congreso federal, no al presidente, decidir sobre la conveniencia de proteger a quienes habían sido traídos como menores de edad por sus padres a los Estados Unidos sin documentación legal.
Su orden no afecta a los más de 600 mil jóvenes que son beneficiarios de DACA, quienes podrán mantenerse protegidos bajo el programa e incluso hacer solicitudes de la renovación, pero el fallo cierra las puertas, al menos de manera temporal, a nuevos solicitantes, lo que potencialmente podría afectar el futuro de miles de jóvenes que califican bajo DACA.
Menos de 24 horas después del fallo, el presidente Joe Biden dejó en claro que su Departamento de Justicia apelará la decisión judicial y aprovechó para renovar su llamado al Congreso a aprobar de una vez por todas una solución permanente y merecida a estos extraordinarios jóvenes que son estadounidenses de corazón, salvo en la documentación legal.
Frustrados por infructuosas negociaciones con los republicanos que se oponen a dar un alivio migratorio a los inmigrantes, los demócratas tomaron una audaz decisión desde la semana pasada, poco antes del fallo: incluyeron una ruta a la ciudadanía para los “dreamers”, beneficiarios del TPS, así como para los trabajadores esenciales, incluidos los agrícolas, dentro del masivo paquete de infraestructura que se apresta a debatir el congreso.
Su plan es lograr la aprobación de este urgente alivio migratorio a través del proceso de reconciliación, que le permitiría a los demócratas aprobar el proyecto de ley con una mayoría simple, es decir sin necesidad de contar con el apoyo o los votos de ningún republicano, ni en la Cámara de representantes ni en el Senado.
Sin embargo, la maniobra demócrata tiene más obstáculos de los que son aparentes. En primer lugar, el experto parlamentario del Congreso debe determinar que es un alivio migratorio como el que planean los demócratas es elegible a ser votado dentro del proceso de reconciliación, que fue diseñado institucionalmente para asuntos presupuestales.
En segundo lugar, los demócratas deben evitar las deserciones en sus filas. No sería la primera vez que senadores demócratas de orientación conservadora, o senadores que enfrentan reelección en estados donde el tema migratorio es divisivo, echen un balde de agua fría a las ambiciones del sector más progresista del partido demócrata.
Por ello corresponde a los demócratas, pero también a la sociedad en su conjunto, organizaciones independientes de defensa de los hispanos y de los migrantes alzar la voz por estos jóvenes, que el Congreso cometa un acto de responsabilidad de congruencia probando la solución permanente, justa y digna que se han ganado a pulso.
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